La violencia en México no solo se mide en homicidios, desapariciones y denuncias: también tiene un costo económico que, según el Índice de Paz México 2026 elaborado por el Institute for Economics & Peace (IEP), alcanzó 4 billones de pesos en 2025, equivalentes al 11% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y a 30 mil pesos por persona. El caso de Sinaloa, que perdió 31 mil empleos entre el primer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, ilustra cómo la inseguridad se traduce en menos trabajo, menos inversión y menos recaudación pública.
Qué mide el Índice de Paz México
El reporte del IEP, presentado este año, calcula el impacto económico de la violencia como el gasto y los efectos derivados de contenerla, prevenirla y afrontar sus consecuencias, e incluye tanto costos directos como indirectos.2 El director del IEP para América Latina, Michael Collins, señaló durante la presentación del informe que México registró un avance en el índice de paz de 5.1%, aunque el país se mantiene en el lugar 135 de una lista de 163 naciones.1
El impacto económico no es homogéneo en el territorio nacional. Según el informe, en Guerrero, Morelos, Colima y Sinaloa el costo de la violencia equivale a 20% del PIB estatal, mientras que en Campeche, Coahuila y la Ciudad de México la proporción es de menos del 5%.1
pese a verse una mejora en delitos violentos el año pasado en todos los subindicadores, menos los asaltos, vemos que a nivel de tendencia la violencia sexual y la violencia familiar siguen al alza generalmente
Michael Collins, director del IEP para América Latina
El caso de Sinaloa: empleos que desaparecen
Una columna publicada por Proyecto Puente, firmada por el economista Moisés Gómez Reyna, documenta que Sinaloa tuvo 31 mil personas ocupadas menos durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, y que la mayor disminución se concentró en la construcción, un sector que además de generar empleo refleja la confianza de los inversionistas.3
El texto añade que también aumentó el número de personas que necesitan trabajar más horas, que sobreviven fuera de la formalidad o que reciben ingresos insuficientes, y que la subocupación en el estado pasó de 11.1% a 12.7%.3 La columna advierte que la inseguridad transforma la vida económica aun cuando no aparezca directamente en los balances de las empresas: una familia que deja de salir a cenar reduce las ventas de un comercio, y un transportista que modifica rutas u horarios ve aumentar sus costos.
Lo que hay que saber
- Impacto nacional 2025
La violencia costó 4 billones de pesos, equivalentes al 11% del PIB, según el IEP.
- Costo por persona
El impacto económico equivale a 30 mil pesos por habitante en 2025.
- Estados más afectados
Guerrero, Morelos, Colima y Sinaloa registran un costo equivalente al 20% de su PIB estatal.
- Empleo en Sinaloa
El estado tuvo 31 mil ocupados menos en el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025.
Presión sobre el sistema penitenciario y de justicia
El informe del IEP también documenta un incremento en los ingresos a penales: 21 mil personas más, lo que elevó la población penitenciaria a 256 mil personas al cierre de diciembre de 2025.1 Collins detalló que las prisiones están sobrepobladas en 115% y que 40% de las personas en encarcelamiento no cuentan con sentencia, lo que representa un cúmulo de casos pendientes de procesar.4
El director del IEP comparó la capacidad judicial mexicana con estándares internacionales: dos jueces o magistrados por cada 100 mil habitantes, frente a un promedio global de 14.4
Gasto público en seguridad y justicia, a la baja
Distintos análisis basados en cifras del propio IEP señalan que, mientras el impacto económico de la violencia crece, el gasto público destinado a contenerla ha disminuido. Una columna publicada en Noroeste documenta que, de 2015 a 2023 —periodo que abarca parte del gobierno de Enrique Peña Nieto y todo el de Andrés Manuel López Obrador—, el gasto en seguridad pública cayó 49.9% y el del sistema judicial retrocedió 9.1%.2
Otro análisis, publicado en la revista Siempre!, ubica la caída del gasto en seguridad pública desde 2015 en 31.8% y en justicia en 8.4%, en un país que —según ese mismo texto— cuenta con una capacidad judicial limitada frente a la demanda.5 Las cifras exactas varían según la fuente y el periodo de referencia, pero coinciden en la tendencia: el presupuesto destinado a seguridad y justicia no ha crecido al ritmo del costo económico que genera la inseguridad.
Qué sigue
La columna de Proyecto Puente plantea que la lección de Sinaloa es relevante para otras entidades cuya economía depende del comercio, el turismo y la atracción de inversiones, como Sonora, y sostiene que esa vocación productiva requiere carreteras seguras y condiciones de certidumbre para quienes generan empleo.3 Ni el informe del IEP ni las columnas citadas detallan medidas específicas anunciadas por autoridades federales o estatales para revertir la caída del gasto en seguridad y justicia identificada en los análisis; hasta el momento de esta nota no se localizó una respuesta pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ni del gobierno de Sinaloa sobre las cifras de empleo citadas.
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