México cuenta con un entramado de instituciones —encabezado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las comisiones estatales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH)— cuyo funcionamiento se puso a prueba en el último año por la crisis de desapariciones y por un rompimiento inédito entre la CNDH y el comité de la ONU especializado en el tema. Entender qué hace cada organismo, qué recomendaciones ha emitido y qué límites enfrenta es clave para que las personas sepan a dónde acudir cuando el Estado o sus funcionarios vulneran un derecho.
La CNDH, el organismo constitucional autónomo
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es un organismo público autónomo del Estado mexicano, es decir, no depende de ninguna otra autoridad, y su misión es la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, los tratados internacionales y las leyes.6
La CNDH no tiene facultades jurisdiccionales: no dicta sentencias ni impone sanciones penales. Su función principal es recibir quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades o funcionarios públicos, investigarlas y, en su caso, emitir recomendaciones dirigidas a las instituciones señaladas. Cualquier persona puede presentar una queja ante la Comisión, sin necesidad de ser mayor de edad ni de nacionalidad mexicana, ya sea por vía electrónica, personal, escrita u oral.4
El informe 2025: desapariciones y recomendaciones
El 26 de enero de 2026, la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, compareció ante la Comisión Permanente del Congreso para entregar el informe anual de actividades correspondiente a 2025, recibido formalmente por la diputada Kenia López Rabadán.2
De acuerdo con ese informe, durante 2025 la Comisión brindó acompañamiento a 730 familiares de personas desaparecidas y realizó 545 actividades de atención y acompañamiento, además de mesas de trabajo con colectivos de búsqueda.2 La CNDH también informó que en 2025 no se recibieron quejas directas por desaparición forzada atribuibles a autoridades federales, y que los pocos casos con indicios de intervención oficial correspondieron sobre todo al ámbito municipal.
En el mismo periodo, el organismo emitió 173 recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos; el 4.5%, es decir, 65 recomendaciones, tuvieron origen en hechos del sexenio anterior y solo dos refirieron a casos de la administración actual.2 Durante la gestión de Piedra Ibarra se han emitido en total 1,426 recomendaciones, de las cuales el 74.9% corresponde a hechos de los últimos seis años.
Lo que reportó la CNDH sobre 2025
- Acompañamiento a familias
730 familiares de personas desaparecidas recibieron acompañamiento y se realizaron 545 actividades de atención.[^2]
- Recomendaciones emitidas
La CNDH emitió 173 recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos durante el año.[^2]
- Personas beneficiadas
18,331 personas fueron beneficiadas por conciliaciones o gestiones y 627 directamente por recomendaciones.[^2]
- Acciones de inconstitucionalidad
El organismo promovió 87 acciones de inconstitucionalidad frente a presuntas violaciones normativas.[^2]
Casos recientes: Teuchitlán y Guasave
Además del informe anual, la CNDH ha emitido recomendaciones puntuales sobre casos que marcaron la agenda de derechos humanos en 2025 y 2026. En la Recomendación 11/2026, dirigida a la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la Comisión señaló vulneraciones a derechos humanos en la investigación realizada en el inmueble conocido como "Rancho Izaguirre", en Teuchitlán, Jalisco.1
En otro caso, la CNDH emitió la Recomendación 206VG/2026 dirigida a la Secretaría de Marina, por la desaparición forzada y privación de la vida de dos personas en Guasave, Sinaloa, así como por violaciones al derecho a la integridad personal de otras tres personas reconocidas como víctimas indirectas.4
También dirigió la Recomendación 4/2026 a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, exigiéndole aceptar y cumplir en su totalidad un pronunciamiento de la comisión estatal de derechos humanos sobre fallas y omisiones en la investigación de casos de desaparición de personas.1
La ruptura con el comité de la ONU
El papel de la CNDH frente a los organismos internacionales cambió de forma notable entre 2025 y 2026. En octubre de 2025, la propia Comisión sostuvo que la cooperación internacional es fundamental "siempre y cuando se ajuste a la realidad y necesidades del pueblo"3, en el marco de una reunión con integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, en la que la titular del organismo advirtió que el Estado mexicano tiene "una asignatura pendiente con las víctimas de desapariciones forzadas y con sus familiares".5
Sin embargo, para abril de 2026 la postura se revirtió: la CNDH rechazó abiertamente al comité de la ONU, calificó sus conclusiones de "sesgadas" e "injerencistas", y señaló a organizaciones civiles de "lucrar con los derechos humanos".3 El organismo alertó sobre lo que consideró un intento de imponer la idea de que la respuesta a los problemas de México sea la intervención de organismos extranjeros.5
El Estado mexicano tiene una asignatura pendiente con las víctimas de desapariciones forzadas y con sus familiares, tanto en aquellos casos cometidos por agentes estatales como en los que son responsabilidad de particulares.
María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH
Otras piezas del entramado institucional
La protección de derechos humanos en México no recae en un solo organismo. Junto a la CNDH operan comisiones estatales autónomas —como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), que también atiende quejas de orientación y protección a nivel local8— y mecanismos jurisdiccionales como el juicio de amparo, resuelto por el Poder Judicial.4
A nivel internacional, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México (ACNUDH) monitorea situaciones de derechos humanos, brinda asistencia técnica al Estado mexicano y colabora con la sociedad civil y organizaciones de víctimas; entre sus socios identifica al gobierno de México, los congresos federal y estatales, el Poder Judicial y las instituciones nacionales y estatales de derechos humanos.7
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH): recibe quejas y emite recomendaciones no vinculantes a autoridades.
- Comisiones estatales de derechos humanos, como la CODHEM en el Estado de México, con funciones de orientación y protección local.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): resuelve juicios de amparo y define el alcance constitucional de los derechos.
- Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH-México): monitoreo, asistencia técnica y cooperación con sociedad civil.
- Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU: mecanismo internacional que revisa el cumplimiento del Estado mexicano en la materia.
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