A casi un año y medio de la desaparición formal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el modelo mexicano de fiscalización ciudadana sobre el uso de recursos públicos y las decisiones de gobierno opera ahora bajo un esquema distinto: la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), encabezada por Raquel Buenrostro, concentra las funciones que antes correspondían a un organismo autónomo, mientras organizaciones civiles documentan retrasos, opacidad y un desechamiento masivo de solicitudes ciudadanas de información.
Qué cambió con la extinción del INAI
El 21 de marzo de 2025 dejó de operar formalmente el INAI, luego de que la reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y avalada por el Congreso y 17 congresos locales eliminara a los organismos autónomos, entre ellos el instituto encargado de garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.2
En su lugar, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, creada en noviembre de 2024 en sustitución de la Secretaría de la Función Pública, absorbió el grueso de esas atribuciones. Según un análisis del Directorio Legislativo, la SABG absorberá el 80% de las funciones del INAI con solo el 35% de su estructura, un dato que organizaciones civiles han señalado como un riesgo para la capacidad operativa del nuevo esquema.
El cambio no se limitó al organigrama: también implicó la desaparición del Sistema Nacional de Transparencia, la instancia que coordinaba políticas y lineamientos entre el INAI y los 32 organismos garantes estatales. De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), al suprimir estas fracciones del texto constitucional no sólo se elimina al INAI, sino al Sistema Nacional de Transparencia en su conjunto, compuesto por ese Instituto y 32 organismos garantes en las entidades federativas.
Lo que hay que saber
- Fecha de extinción
El INAI dejó de operar formalmente el 21 de marzo de 2025, tras iniciar el proceso de cierre la noche del 20 de marzo.
- Nueva autoridad garante
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, resuelve ahora los recursos de inconformidad de particulares.
- Plazo regulatorio
El Ejecutivo tuvo 90 días hábiles, hasta aproximadamente el 9 de abril, para emitir las regulaciones complementarias tras la reforma.
El decreto de agosto y las dudas sobre quién vigila al regulador
El 4 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para reforzar la transparencia de las dependencias federales, en un intento por responder a las críticas surgidas tras la desaparición del INAI.1 Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria defendió la medida citando el artículo sexto constitucional, que garantiza el derecho de acceso a la información sobre el ejercicio de los recursos públicos.
El nuevo marco ordena que dependencias y empresas productivas del Estado, como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, publiquen mensualmente contratos, auditorías y observaciones de los órganos de control.4 Sin embargo, especialistas consultados por Infobae advirtieron que persiste una pregunta de fondo: quién supervisa a la autoridad que ahora concentra estas funciones. El académico David García Ricci sostuvo que una política de transparencia eficaz requiere reglas claras, criterios verificables y mecanismos de revisión que impidan que una sola autoridad concentre el control sobre el acceso a los datos, y subrayó que la información pública debe ser susceptible de contraste, fiscalización y exigencia.
El propio reporte de Infobae documentó que, tras la eliminación del organismo autónomo, la Plataforma Nacional de Transparencia dejó de publicar información con la frecuencia habitual, un síntoma que organizaciones de la sociedad civil han vinculado con la pérdida de un ente independiente dedicado exclusivamente a esa tarea.
Es la garantía de la transparencia de la información del Gobierno de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Lo que documentan las organizaciones civiles
El organismo Artículo 19 difundió en mayo de 2026 el informe "Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia", que analiza el estado de la transparencia, el acceso a la información, los medios de comunicación y los derechos ciudadanos en el país tras la desaparición del INAI.6
Entre los hallazgos más señalados, el reporte documentó que el organismo Transparencia para el Pueblo desechó cerca de 99.6 por ciento de los recursos de revisión relacionados con solicitudes de acceso a la información durante sus primeros meses de operación. La organización concluyó que esa situación afectó la rendición de cuentas dentro del gobierno federal y que el nuevo esquema administrativo concentró funciones bajo control del Poder Ejecutivo.
Para la ciudadanía, el efecto práctico es directo: la Plataforma Nacional de Transparencia sigue siendo la vía por la que se tramitan la gran mayoría de las solicitudes de información —antes de la reforma, prácticamente todas se presentaban por ese canal digital—, pero ahora sin un organismo autónomo que resuelva de forma independiente las inconformidades cuando una dependencia niega o entrega de forma incompleta la información solicitada.
Presupuesto de justicia: la otra cara de la rendición de cuentas
La discusión sobre transparencia coincide con el debate presupuestal de las instituciones de justicia para 2027. El 6 de agosto de 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó solicitar 6 mil 104 millones 533 mil 140 pesos, lo que representa un aumento de 17.2% respecto al monto autorizado para 2026.7
La ministra Lenia Batres votó en contra de la solicitud y cuestionó, en un oficio dirigido al Órgano de Administración Judicial, el incremento y la reactivación de un seguro de gastos médicos mayores para más de 300 servidores públicos de mandos medios y superiores, prestación que había sido eliminada previamente.7 Batres argumentó que la Corte ha funcionado de manera solvente con recursos reducidos y que restituir esa prestación contraviene los principios de austeridad, mientras que el propio tribunal defendió la necesidad de esos recursos para su funcionamiento.
El contraste no es menor: un año antes, análisis presupuestales habían advertido que el Poder Judicial tendría su peor presupuesto desde 2011, lo cual haría más lento e inefectivo el acceso a la justicia en México, en un recorte que también alcanzó a policías civiles, al Ejército y a las fiscalías del país.
Qué sigue
El decreto de agosto de 2026 y los cambios normativos derivados de la extinción del INAI —entre ellos una nueva Ley de Transparencia que sustituye a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la creación de un Sistema Nacional de Transparencia coordinado desde el Ejecutivo— continúan en implementación.3 La Cámara de Diputados discutirá en las próximas semanas el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, donde se definirán los montos finales para el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República y los órganos encargados de vigilar el uso de los recursos públicos.
Para las personas usuarias, el trámite de solicitudes de información pública se mantiene disponible a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, aunque las inconformidades por negativas o entregas incompletas ya no las resuelve un órgano autónomo, sino la instancia administrativa dependiente del propio Ejecutivo federal.
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