La Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos del Congreso de Guerrero participó en la Asamblea Regional del Pueblo Nahua realizada en Chilpancingo, donde ofreció acompañamiento legislativo al proceso de Consulta Previa, Libre e Informada sobre la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una iniciativa federal que busca reconocer y garantizar derechos colectivos de estas comunidades en todo el país.1
Qué se discutió en la asamblea
La diputada Catalina Apolinar Santiago, presidenta de la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, y el diputado Pánfilo Sánchez Almazán, vocal de la misma comisión, acudieron al encuentro y ofrecieron el acompañamiento del Poder Legislativo estatal durante el proceso de diálogo con las comunidades nahuas.1
Durante la asamblea se abordó la Consulta Previa, Libre e Informada relacionada con la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, mecanismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y organismos como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) consideran indispensable antes de aprobar normas que afecten a estos sectores.1
Los legisladores convocaron a autoridades y representantes comunitarios a presentar sus opiniones y propuestas para contribuir al contenido de la legislación, en un ejercicio que forma parte de una serie más amplia de foros regionales realizados en el estado.1
Quiénes participaron
En la reunión participaron representantes de instituciones federales, estatales y municipales, además de autoridades y representantes del pueblo Nahua.1 Entre los asistentes estuvo Adelfo Regino Montes, director general del INPI, además de una diputada federal.
Apolinar Santiago y Sánchez Almazán señalaron que el Congreso de Guerrero dará seguimiento al proceso y refrendaron el compromiso de trabajar en la adecuación del marco jurídico estatal una vez que sea aprobada la nueva ley.1
El contexto de la consulta en Guerrero
Este encuentro se suma a una jornada de foros de consulta realizada el 28 y 29 de agosto en Chilpancingo y Tlacoachistlahuaca, donde participaron cerca de 10 mil habitantes y autoridades de los pueblos Nahuas, Mixtecos, Tlapanecos, Amuzgos y Afromexicanos.2 El delegado del INPI en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, calificó el ejercicio como "democrático, libre e informado de los pueblos para fortalecer la iniciativa que va a presentar la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo".
La iniciativa federal contempla 8 capítulos, 453 artículos y 11 transitorios, y se ha difundido entre autoridades de las mil 756 comunidades Nahuas, Mixtecas, Tlapanecas, Amuzgas y Afromexicanas que existen en el estado, con el objetivo de recoger propuestas que se entregarán al Congreso de la Unión en octubre.3
El alcalde de Tlacoachistlahuaca, Manuel Cuevas Rodríguez, expresó que la voz de los pueblos indígenas debe ser tomada en cuenta para que sean reconocidos plenamente sus derechos en la Constitución.4
fue un ejercicio democrático, libre e informado de los pueblos para fortalecer la iniciativa que va a presentar la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo
Manuel Vázquez Quintero, delegado del INPI en Guerrero
Lo que hay que saber
- Iniciativa federal
Se trata de la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con 8 capítulos, 453 artículos y 11 transitorios.
- Alcance en Guerrero
La consulta busca llegar a las mil 756 comunidades Nahuas, Mixtecas, Tlapanecas, Amuzgas y Afromexicanas del estado.
- Próximo paso
El paquete jurídico resultante de la consulta se entregará al Congreso de la Unión en octubre.
- Antecedente legislativo
En marzo de 2025 el Congreso de Guerrero ya había aprobado una reforma constitucional estatal que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.
Antecedentes en el Congreso estatal
El Congreso de Guerrero ha impulsado en los últimos años distintos procesos de consulta y reformas en materia indígena. En marzo de 2025 el Pleno de la LXIV Legislatura aprobó una reforma a la Constitución estatal que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, además del derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.5
Ese mismo Congreso también organizó, en agosto de 2026, el primer Parlamento de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, un ejercicio inédito que reunió a 46 representantes de pueblos originarios y afromexicanos para presentar propuestas directamente a las comisiones legislativas.6
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