El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura (SPT) concluyó en 2026 su tercera visita a México con un mensaje dual: reconoció avances legislativos e institucionales, pero advirtió que persiste una brecha entre el marco jurídico y su aplicación real en centros de detención, cárceles y agencias del Ministerio Público del país.1 La visita coincidió con cifras oficiales que muestran que el delito no ha sido erradicado: el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reconoce 1,085 víctimas de tortura solo entre enero y abril de 2026.4
La visita del organismo de la ONU
Expertos del SPT regresaron a México del 25 al 30 de enero de 2026 para examinar las medidas adoptadas por el país desde su visita anterior y evaluar el impacto real de esas medidas en la protección de personas detenidas.2 Se trató de la tercera visita del organismo, después de que la anterior, prevista para 2025, tuvo que posponerse por la crisis de liquidez de las Naciones Unidas.
La jefa de la delegación, Carmen Comas-Mata, explicó el propósito de la misión: "Estamos aquí para examinar la implementación y el impacto de nuestras anteriores recomendaciones, para ver qué funciona en la práctica y qué aspectos aún necesitan mejorarse".3
Durante su estancia, los expertos se reunieron con autoridades mexicanas y con el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), el organismo nacional de supervisión encargado de vigilar los lugares de privación de libertad, además de realizar visitas conjuntas a centros de detención cuando fue pertinente.3
Estamos aquí para examinar la implementación y el impacto de nuestras anteriores recomendaciones, para ver qué funciona en la práctica y qué aspectos aún necesitan mejorarse
Carmen Comas-Mata, jefa de la delegación del SPT
Avances reconocidos y brechas señaladas
Al concluir la visita, los expertos del SPT reconocieron que México ha demostrado compromiso político para combatir y prevenir la tortura y ha logrado avances importantes, aunque persisten preocupaciones por las diferencias entre el marco jurídico y su implementación práctica.1
Entre los avances citados, el organismo destacó la adopción de medidas legislativas clave, como la Ley General para la Prevención de la Tortura de 2017 y la Ley General de Salud reformada en 2023, así como el establecimiento de fiscalías especializadas para investigar actos de tortura y el fortalecimiento del propio Mecanismo Nacional de Prevención con un marco jurídico y recursos más sólidos.1
Lo que dicen las cifras oficiales
Desde inicios de 2026, el SESNSP —órgano encargado de recopilar y publicar información oficial sobre incidencia delictiva a nivel nacional, estatal y municipal— comenzó a publicar registros mensuales de víctimas del delito de tortura, una función que antes correspondía únicamente a los reportes anuales de la Fiscalía General de la República (FGR) en el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET).4
Según esos datos, el Estado mexicano reconoce que 1,085 personas fueron víctimas de tortura de enero a abril de 2026, una cifra que equivale a casi la mitad de las 2,215 víctimas registradas en todo 2025.4 El RENADET documenta que de 2018 a 2025 se han acumulado 32,999 víctimas en expedientes abiertos por tortura o tratos crueles e inhumanos.
Ángel María Salvador Ferrer, asesor principal en incidencia y políticas públicas de la organización Documenta, señaló que la tortura es uno de los delitos con mayor cifra negra, debido a que los métodos para medir las conductas que pueden considerarse tortura son diversos y en ocasiones incoherentes entre sí.4 El mismo registro indica que las condiciones de vulnerabilidad más comunes entre las víctimas incluyen discapacidad, pertenencia a población indígena, orientación sexual e identidad de género diversas, delito sexual y estado de gestación.
Lo que hay que saber
- Marco legal
La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura establece penas de 10 a 20 años de prisión para servidores públicos, con agravantes de hasta 30 años, y el delito no prescribe.
- Mecanismo Nacional de Prevención
Fue creado el 22 de junio de 2007 dentro de la CNDH tras la ratificación por México del Protocolo Facultativo (OPCAT) en 2005, y supervisa cerca de 5 mil lugares de detención en el país.
- Cifras 2026
El SESNSP reconoce 1,085 víctimas de tortura entre enero y abril de 2026, y el RENADET acumula 32,999 víctimas registradas de 2018 a 2025.
- Denuncia
El Gobierno federal difunde canales como el 089 para denuncias anónimas, el 911 para emergencias y los mecanismos de atención de la FGR.
Voces de sobrevivientes y organizaciones civiles
En paralelo a la evaluación internacional, sobrevivientes, familiares y organizaciones civiles han señalado que la tortura continúa siendo una práctica generalizada en distintas regiones del país. En Chiapas, denunciaron que "la tortura sigue cometiéndose incluso en instalaciones de la fiscalía local".5
Las mismas organizaciones expresaron inconformidad con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la que acusan de revictimizar a quienes acuden a denunciar.5 El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, con sede en San Cristóbal de las Casas, documentó también que las cárceles de Chiapas mantienen condiciones inhumanas y degradantes que niegan la reinserción social y vulneran derechos fundamentales.6
la tortura sigue cometiéndose incluso en instalaciones de la fiscalía local
Sobrevivientes y organizaciones civiles citados por La Jornada
La respuesta institucional
En junio de 2026, en el marco del Día Internacional de la ONU en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el Gobierno de México presentó la Campaña Nacional "México Sin Tortura" 2026, una estrategia orientada a prevenir, visibilizar y erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con la participación de instituciones de los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos y sociedad civil.7
Entre los mensajes centrales de la campaña se subrayó que la tortura constituye una grave violación a los derechos humanos y que todas las autoridades tienen la obligación de prevenirla, investigarla y sancionarla.7
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