Después de que en diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que desapareció a siete organismos autónomos —entre ellos el INAI y el IFT—, el mapa institucional de protección de derechos humanos en México quedó reconfigurado: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se mantiene como el principal mecanismo no jurisdiccional de queja, mientras otras entidades como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conservan sus funciones específicas en un entramado que hoy enfrenta además ajustes presupuestales.
El mecanismo constitucional: la CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un órgano constitucional autónomo previsto en el artículo 102 de la Constitución, cuya existencia no depende de ningún otro poder del Estado y cuya función es promover y proteger los derechos humanos, especialmente frente a abusos de servidores públicos.1
El mecanismo de queja ante la CNDH es no jurisdiccional, es decir, no sustituye al juicio de amparo ni a otros procesos judiciales, pero permite a cualquier persona denunciar violaciones de derechos humanos por parte de autoridades y recibir recomendaciones dirigidas a esas mismas autoridades.1 La comisión, encargada de recibir y atender quejas, investigar y emitir recomendaciones, es encabezada por Rosario Piedra Ibarra desde 2019.2
En enero de 2024, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una iniciativa para eliminar organismos autónomos considerados "onerosos y elitistas", aclaró expresamente que la CNDH quedaría fuera de esa propuesta.3
La reforma que eliminó siete organismos
En noviembre de 2024, el Congreso de la Unión y más de la mitad de las legislaturas estatales aprobaron una reforma de simplificación orgánica que llevó a la desaparición de siete organismos autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).4
El decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación y otorgó al Congreso 90 días naturales para adecuar las leyes correspondientes y trasladar funciones a distintas dependencias; por ejemplo, las atribuciones del INAI en materia de transparencia y protección de datos pasaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.4 La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el presupuesto que recibían estos siete organismos se destinaría al programa de pensiones del Bienestar.
Este cambio no afectó directamente el andamiaje específico de derechos humanos —CNDH, CEAV, SCJN— pero sí redujo el número de órganos autónomos que, en conjunto, ejercían funciones de transparencia y rendición de cuentas relacionadas con el acceso a la información, un derecho humano reconocido constitucionalmente.5
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU)
- Comisión Reguladora de Energía (CRE)
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
Otras instituciones que integran el sistema
Además de la CNDH, el sistema mexicano de protección de derechos humanos incluye instituciones con funciones específicas. La CEAV atiende y repara daños a víctimas de violaciones de derechos humanos y promueve su inclusión social, mientras que la SCJN, como máxima autoridad de interpretación constitucional, garantiza que los derechos humanos sean respetados en la aplicación de leyes federales.6
También operan mecanismos especializados, como la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), encargada de investigar delitos contra periodistas y comunicadores, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).6 A nivel internacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en México brinda asistencia técnica al Estado mexicano y ha colaborado en la adopción de leyes generales sobre desapariciones y tortura.7
Lo que hay que saber
- CNDH
Órgano constitucional autónomo que recibe quejas, investiga y emite recomendaciones frente a violaciones cometidas por autoridades.
- CEAV
Atiende y repara daños a víctimas de violaciones a derechos humanos.
- SCJN
Vigila que la interpretación y aplicación de leyes federales respete los derechos humanos.
- ACNUDH-México
Oficina de la ONU que da asistencia técnica al Estado mexicano y colabora con sociedad civil y víctimas.
El recorte que enfrenta la CNDH para 2027
El más reciente ajuste presupuestal afecta específicamente a la CNDH. El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla un recorte de 183.4 millones de pesos, lo que representa una reducción real de 12.1% respecto del presupuesto aprobado para 2026, convirtiendo a la comisión en el único órgano autónomo con un ajuste a la baja en ese ejercicio.8
El rubro más afectado es el de servicios personales, que pasaría de mil 467.4 millones de pesos a mil 233.9 millones, mientras los gastos de operación subirían siete millones de pesos hasta 223.5 millones.2 De acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Hacienda, encabezada por Édgar Amador Zamora, el ajuste no provino de una reasignación externa, sino que fue la propia CNDH la que lo propuso; como órgano autónomo, tiene la facultad de plantear su presupuesto, aunque corresponde a la Cámara de Diputados aprobarlo.
Este recorte se suma a otro más amplio aprobado en el Presupuesto 2026, cuando la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aplicaron reducciones al Poder Judicial, al INE, a la FGR y a la propia CNDH, esta última por 50 millones de pesos, como parte de reasignaciones por un total de 17 mil 788 millones de pesos hacia áreas como educación pública y ciencia y tecnología.9
No, la CNDH no, estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba, son como diez
Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México
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