La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) justificó este mes su solicitud de presupuesto para el ejercicio fiscal 2027, luego de que la ministra Lenia Batres cuestionara por escrito el incremento planteado y la reactivación de un seguro de gastos médicos mayores para el personal de mandos medios y superiores. La discusión ocurre mientras el país transita una segunda fase de la reforma judicial que, tras ser aprobada por el Senado, aplazó de 2027 a 2028 la siguiente elección de jueces y magistrados.
La solicitud de presupuesto y el desacuerdo interno
El Pleno de la Corte aprobó el pasado 6 de agosto solicitar 6,104 millones 533 mil 140 pesos para 2027, cifra que representa un aumento de 17.2% respecto al monto autorizado para 2026.1
La ministra Lenia Batres votó en contra de esa solicitud y envió un oficio al Órgano de Administración Judicial en el que cuestionó tanto el incremento como la restitución de un seguro de gastos médicos mayores para más de 300 servidores públicos de mandos medios y superiores, prestación que había sido eliminada previamente.1 Batres argumentó que la Corte ha operado de manera solvente con recursos reducidos durante este año y que el incremento contraviene principios de austeridad.
Batres votó en contra y señaló que la Corte ha operado de manera solvente con recursos reducidos este año.
Nota publicada por La Verdad sobre la sesión del Pleno de la SCJN
Qué está en juego para la ciudadanía
Para la sección de Derechos y atención, este tipo de disputas presupuestales no son un asunto meramente administrativo: el monto que reciben la Corte, los tribunales y el sistema de justicia determina la capacidad real de resolver casos, contratar personal jurisdiccional y sostener servicios como la atención a usuarios del sistema judicial. Cuando una institución pide más recursos y otra voz interna objeta ese gasto —en este caso, por la reactivación de una prestación de seguro médico— el contraste queda documentado en actas públicas, lo que permite a la ciudadanía y a organizaciones de transparencia dar seguimiento a cómo se ejerce el dinero público destinado a la justicia.
Lo que hay que saber
- Monto solicitado
La SCJN pidió 6,104.5 millones de pesos para 2027, 17.2% más que en 2026.
- Punto de objeción
La ministra Lenia Batres cuestionó la restitución de un seguro de gastos médicos mayores para más de 300 servidores de mandos medios y superiores.
- Fecha del acuerdo
El Pleno aprobó la solicitud el 6 de agosto de 2026.
El contexto: la reforma que aplazó la elección judicial
La disputa presupuestal ocurre en paralelo a un cambio de fondo en el Poder Judicial. El 2 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia judicial, el cual ajusta el calendario y las reglas de la elección de jueces y magistrados aprobada originalmente en 2024.2
La reforma pospone de 2027 a 2028 la elección de los cargos judiciales federales y locales que no se renovaron en el proceso de 2025, y establece que la jornada judicial federal y local coincidirá con el primer domingo de junio de 2028.2 El Senado había aprobado la iniciativa la noche del jueves 28 de mayo, después de que la Cámara de Diputados diera su visto bueno; el único paso pendiente para su entrada en vigor plena era la ratificación de al menos 17 de los 32 congresos estatales.3
El objetivo declarado del ajuste es separar la elección de cargos judiciales de la elección de puestos políticos, para evitar que en junio de 2027 la ciudadanía tuviera que votar simultáneamente por miles de candidaturas judiciales y por cargos como diputaciones, gubernaturas y ayuntamientos.4
Lo que dijeron en el Senado
Durante el debate en el Senado, el legislador de Morena Alejandro Murat defendió el sentido de la reforma judicial en su conjunto, no limitada al tema presupuestal, señalando que busca que la justicia deje de estar "secuestrada por intereses particulares" y se ponga al servicio de la ciudadanía.5
La reforma también modificó el mecanismo de revocación de mandato presidencial, que se llevará a cabo en el cuarto año de gobierno —2028 en el sexenio actual—, de modo que ya no coincidirá con las elecciones federales de 2027, aunque sí con la elección judicial y otros comicios estatales de ese año.3
que la justicia deje de estar secuestrada por intereses particulares y se ponga al servicio de la ciudadanía.
Alejandro Murat, senador de Morena
Qué sigue
En el plano presupuestal, la solicitud de la SCJN para 2027 entrará ahora al proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación por parte de la Cámara de Diputados, instancia donde tradicionalmente se define el monto final que reciben el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República. En el plano de la reforma judicial, resta observar la instrumentación de las nuevas reglas —incluida la certificación de aspirantes a jueces y la reducción del número de candidaturas— de cara a la elección judicial reprogramada para el primer domingo de junio de 2028.2 El Tribunal de Disciplina Judicial, por su parte, tiene la tarea de evaluar durante el primer año a las magistraturas de circuito y juzgados de distrito ya electos, así como aplicar programas de capacitación permanente.
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