El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la futura Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos otorgará un reconocimiento jurídico pleno a 25 por ciento de la población mexicana, en momentos en que avanza el proceso de consulta a 16 mil comunidades de 69 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano, que concluirá el 13 de septiembre.
Una ley inédita en más de 200 años
Aguilar Ortiz, integrante del pueblo mixteco y nacido en 1973 en San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, sostiene que en más de 200 años del México independiente no ha existido una ley que otorgue un reconocimiento pleno a los pueblos que integran la nación1. Según explicó, esa ausencia normativa ha obligado a las comunidades a "simular lo que no son" para poder acceder a derechos, servicios o reconocimiento jurídico.
Como ejemplo, el ministro presidente citó el caso de una comunidad que adquirió autobuses pero tuvo que constituir una sociedad anónima para poder tramitar la concesión de transporte, ante la falta de una figura jurídica que reconociera su carácter comunitario1.
Tampoco vamos a hacer un juicio de valor, o sea, no vamos a decir a la gente apruébenla o no la aprueben
Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN
La Corte, observadora sin voto
La Suprema Corte fue invitada por el Ejecutivo federal a participar en el proceso de consulta como "observadora"2. Aguilar Ortiz rechazó que esa tarea convierta al tribunal en juez y parte ante eventuales juicios contra la ley en proceso de creación, pues precisó que su función será únicamente observar la consulta, escuchar a las comunidades, tomar nota de sus planteamientos y elaborar un informe al finalizar.
El ministro presidente añadió que el conocimiento adquirido en este ejercicio, que calificó de inédito, servirá como acervo para la Corte y como insumo para que las ponencias enriquezcan el análisis de eventuales controversias relacionadas con la nueva norma2.
Lo que hay que saber
- Alcance
La consulta convoca a 16 mil 728 comunidades de 69 pueblos indígenas y del pueblo afromexicano.
- Calendario
Las asambleas regionales de la etapa deliberativa comenzaron el 7 de agosto y concluyen el 13 de septiembre.
- Presentación ante el Congreso
De acuerdo con el calendario difundido, la iniciativa se presentaría ante el Congreso de la Unión el 12 de octubre.
- Extensión de la propuesta
El proyecto contempla más de 400 artículos para reconocer a los pueblos como sujetos de derecho público.
Sujetos de derecho público
Aguilar Ortiz plantea que el desafío central de la ley es lograr que el Estado reconozca plenamente el pluralismo jurídico y la diversidad de formas de organización y de derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos, históricamente marginados3. A su juicio, la futura ley representa una oportunidad para romper con las "inercias estatales" y abrir paso al reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público.
La propuesta, impulsada por el Ejecutivo federal, busca que las comunidades ejerzan su carácter de sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que definan aspectos como sus formas de gobierno, patrimonio cultural y protección del territorio4.
El antecedente zapatista y el respaldo previo
Para el ministro presidente, la iniciativa podría concretar lo que dejó inconcluso el levantamiento zapatista de 1994, que colocó los derechos indígenas en el centro del debate nacional1. Aguilar Ortiz conoce ese proceso de cerca: en 1996 formó parte del cuerpo asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para la redacción de la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena.
Semanas antes, el ministro ya había adelantado su respaldo a la iniciativa que prepara la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al calificarla como "un documento que marca un antes y un después" y una ley "histórica", resultado de 30 años de reflexión construida desde las propias comunidades5.
Protestas durante el arranque de la consulta
El proceso de consulta no ha estado exento de tensiones. En la Ciudad de México, pobladores de Villa Milpa Alta bloquearon el acceso al Foro Calmécac para impedir la realización de una de las asambleas regionales4. La convocatoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio, organiza el ejercicio en 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo, con una etapa informativa que corrió hasta el 6 de agosto antes de iniciar la fase deliberativa.
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