México enfrenta un panorama de derechos humanos marcado por avances normativos limitados y retos estructurales persistentes: la violencia, la impunidad, la corrupción y la desigualdad de género figuran entre los problemas que distintas organizaciones civiles y académicas identifican como prioritarios para 2026, en un contexto donde las cifras de desapariciones continúan al alza y las instituciones de justicia enfrentan cuestionamientos sobre su capacidad de respuesta.
Un diagnóstico que se repite
El Centro Universitario de las Casas (CUDC) señala que la violencia, la impunidad, la corrupción, la desigualdad de género y la discriminación contra los pueblos indígenas son algunos de los retos más apremiantes que debe abordar el país para garantizar el respeto de los derechos humanos.1
El análisis institucional coincide con reportes internacionales recientes. Según el informe La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo de Amnistía Internacional, durante 2025 persistieron en México graves problemas como desapariciones, violencia contra periodistas y defensores, tortura y debilidades institucionales en la protección de garantías fundamentales.2
El aumento de las desapariciones
Uno de los datos más señalados por los organismos de derechos humanos es el incremento sostenido en el número de personas no localizadas. Amnistía Internacional documentó que las desapariciones aumentaron 10.5% respecto a 2024, con un total de 133,500 personas no localizadas al cierre de 2025.2
El organismo advirtió que, a lo largo del año pasado, disminuyeron los mecanismos de protección de la población y las garantías de los derechos humanos, en un contexto donde defensores, periodistas y madres buscadoras continuaron enfrentando amenazas, asesinatos y desapariciones.2
Ante la respuesta que consideran insuficiente por parte de las autoridades, las familias —principalmente mujeres, conocidas como madres buscadoras— han asumido labores de búsqueda por cuenta propia.2
disminuyeron los mecanismos de protección de la población y las garantías de los derechos humanos
Amnistía Internacional
Instituciones de justicia bajo escrutinio
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) publicó su agenda anual señalando que 2026 exige una revisión de los desafíos en materia de desaparición, las falencias en instituciones de procuración de justicia, los riesgos de la militarización y el debilitamiento de las instituciones democráticas.3
El organismo subrayó que, frente a la renovación de la persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR), es necesario señalar la deuda de esa institución, que debió poner al centro a las víctimas y no las exigencias de poderes políticos o intereses personales.4
Centro Prodh también advirtió que la violencia generalizada y la gobernanza criminal que prevalece en varias regiones del país exigen capacidades y planes de persecución penal a la altura de estos retos, lo que se espera quede reflejado en el llamado Plan General de la Fiscalía.4
Lo que documentan los informes
- Desapariciones
133,500 personas no localizadas al cierre de 2025, un incremento de 10.5% respecto a 2024, según Amnistía Internacional.
- Defensores y periodistas
Continúan enfrentando amenazas, asesinatos y desapariciones, de acuerdo con el mismo informe.
- Fiscalía General de la República
Centro Prodh señala pendientes en la renovación de su titularidad y en la implementación de un Plan General de persecución penal.
Presupuesto y derechos sociales
El análisis del Paquete Económico 2026 elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, identifica que para este año se prevé un gasto neto total de 10.1 billones de pesos, un incremento real del 5.9% respecto al año anterior.5
La organización precisó que se propone un total de 987 mil millones de pesos para los programas sociales prioritarios, equivalentes al 2.5% del PIB, con el fin de fortalecer los ingresos monetarios de los hogares.5
No obstante, Fundar advirtió que, al revisar la clasificación funcional del gasto, se observa un presupuesto con avances sociales relevantes, pero también con contradicciones importantes en su distribución.5
Casos que exponen el debate institucional
El informe de Amnistía Internacional cita como ejemplo la muerte de dos niñas en Sinaloa tras disparos de elementos militares, hecho que derivó en una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que el organismo internacional utiliza para subrayar preocupaciones sobre reformas legales recientes.2
Este tipo de casos, señalan los organismos consultados, ilustran la tensión entre las estrategias de seguridad basadas en el despliegue de fuerzas armadas y la exigencia de rendición de cuentas ante violaciones a derechos humanos documentadas por la propia CNDH.
Grupos en situación de vulnerabilidad
El CUDC también destaca que, a pesar de ciertos avances normativos, las personas con discapacidad en México siguen enfrentando barreras significativas en su acceso a los derechos fundamentales.1
La discriminación, la falta de oportunidades laborales y la falta de accesibilidad en muchas áreas de la vida pública son desafíos que, según el centro universitario, requieren atención continua para garantizar la plena inclusión de este sector de la población.1
- Violencia e inseguridad vinculadas a la presencia del crimen organizado y el narcotráfico
- Discriminación y falta de accesibilidad para personas con discapacidad
- Desigualdad de género y discriminación contra pueblos indígenas
- Debilidad de los mecanismos de protección a periodistas y personas defensoras
- Persistencia de la crisis de desapariciones
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