México llega a la segunda mitad de 2026 con un diagnóstico compartido por organismos internacionales, centros de derechos humanos y el propio gobierno federal: persisten desapariciones al alza, violencia contra periodistas y personas defensoras, y debilidades institucionales, mientras la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum promueve un nuevo Programa Nacional de Derechos Humanos 2026-2030 que busca, según el propio documento, consolidar un país justo, equitativo y en paz.5
Un año que abrió con cifras al alza
El informe La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo, publicado este año por Amnistía Internacional, documenta que durante 2025 persistieron graves problemas para los derechos humanos en México, entre ellos desapariciones, violencia contra periodistas y defensores, tortura y debilidades institucionales en la protección de garantías fundamentales.1
Entre los hallazgos más señalados por la organización está el incremento de las desapariciones, que aumentaron 10.5% respecto a 2024, con un total de 133,500 personas no localizadas al cierre de 2025.1 El reporte también advierte que, ante la respuesta insuficiente de las autoridades, han sido las familias —principalmente mujeres, conocidas como madres buscadoras— quienes han realizado labores de búsqueda por cuenta propia.
El organismo señala que a lo largo del año pasado disminuyeron los mecanismos de protección de la población y las garantías de los derechos humanos, en un contexto donde personas defensoras, periodistas y buscadoras continuaron enfrentando amenazas, asesinatos y desapariciones.1
disminuyeron los mecanismos de protección de la población y las garantías de los derechos humanos
Informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en México
El caso de Sinaloa y la respuesta de la CNDH
El propio informe de Amnistía Internacional documenta la muerte de dos niñas en Sinaloa tras disparos de militares, un hecho que derivó en una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).1 El reporte subraya, además, preocupaciones sobre las reformas legales impulsadas en el país durante el periodo.
Este tipo de casos —el uso de la fuerza por parte de elementos militares en operativos de seguridad— forma parte de un patrón que organizaciones de derechos humanos han documentado de forma recurrente, y que exige a las autoridades transparentar protocolos de actuación y mecanismos de rendición de cuentas para las fuerzas armadas desplegadas en tareas de seguridad pública.
Herencia institucional y reforma judicial
El Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch (HRW) recuerda que Claudia Sheinbaum, quien en octubre de 2024 se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de México, heredó graves problemas en materia de derechos humanos, entre ellos la violencia criminal extrema y graves abusos cometidos por el ejército.2
El documento señala que su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, presidió un proceso de retroceso democrático que socavó la independencia judicial, la transparencia y el Estado de derecho, aunque también destaca que 13 millones de personas salieron de la pobreza durante su gobierno.2
HRW recuerda además que con el respaldo de Sheinbaum y López Obrador, el Congreso aprobó en septiembre de 2024 una reforma judicial que podría socavar gravemente la independencia judicial, un cambio que sigue generando preocupación entre organizaciones civiles por su impacto en el acceso a la justicia.2 El organismo también apunta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado en dos ocasiones a México eliminar la prisión preventiva oficiosa, calificándola de incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos.
Lo que documentan los informes
- Desapariciones
133,500 personas no localizadas al cierre de 2025, un aumento de 10.5% respecto a 2024, según Amnistía Internacional.
- Reforma judicial
El Congreso aprobó en septiembre de 2024 una reforma que, según HRW, podría afectar la independencia judicial.
- Prisión preventiva oficiosa
La Corte Interamericana ha ordenado dos veces a México eliminarla por ser incompatible con normas de derechos humanos.
- Reducción de pobreza
HRW documenta que 13 millones de personas salieron de la pobreza durante el gobierno de López Obrador.
El presupuesto y la tensión entre gasto social y derechos
El centro de análisis Fundar revisó el Paquete Económico 2026 y encontró que la política de gasto mantiene la garantía de los derechos sociales por medio de los programas sociales, e incrementa los recursos para la provisión de servicios públicos como salud, educación, alimentación, vivienda y seguridad.3
Según ese análisis, el gobierno federal propone un total de 987 mil millones de pesos para los programas sociales prioritarios, equivalentes a 2.5% del PIB, con el objetivo de fortalecer los ingresos monetarios de los hogares.3 El Paquete Económico también revierte parte del desfinanciamiento histórico en salud, con un incremento de 4.5%, así como en educación (2.3%) y vivienda (2.1%).
Sin embargo, Fundar advierte que estos avances sociales conviven con contradicciones importantes dentro de la clasificación funcional del gasto, lo que exige vigilancia ciudadana sobre la ejecución real de los recursos etiquetados para derechos sociales.3
La agenda pendiente que señalan las organizaciones civiles
El Centro Prodh, en su análisis de agenda para este año, advierte que la política de desapariciones no puede estar centrada en identificar cifras, sino que debe contar con acciones más amplias de prevención y erradicación, como han recomendado múltiples organismos internacionales.4
El propio análisis señala que será de particular relevancia el próximo informe temático sobre desapariciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).4 Asimismo, el documento apunta a la renovación de la persona titular de la Fiscalía General de la República (FGR) como un momento clave para que esa institución atienda deudas pendientes en la materia.
El texto plantea que subrayar los retos del país en derechos humanos tiene el único propósito de hacer un llamado a fortalecer la democracia y, con ello, garantizar los derechos y la dignidad de todas y todos los mexicanos, en un contexto marcado también por la presión de Estados Unidos sobre la política de seguridad mexicana.4
hacer un llamado a fortalecer la democracia y, con ello, garantizar los derechos y la dignidad de todas y todos los mexicanos
Centro Prodh, análisis de agenda 2026 en derechos humanos
El nuevo Programa Nacional de Derechos Humanos
En medio de este diagnóstico, el gobierno federal publicó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2026-2030, que reafirma el compromiso del Estado mexicano de establecer un documento rector de política pública que fortalezca la promoción y protección de los derechos humanos en el país.5
El propio programa reconoce que el avance es real, pero la transformación exige continuidad, evaluación constante y voluntad para enfrentar los retos que aún persisten, y plantea la necesidad de una coordinación efectiva entre dependencias como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Bienestar, el IMSS-Bienestar, así como entidades federativas y gobiernos municipales.5
El contraste entre ese reconocimiento oficial y las cifras documentadas por organizaciones independientes será, según especialistas y centros de análisis, el criterio principal para evaluar si la política de derechos humanos del actual gobierno logra traducirse en resultados verificables durante los próximos años.
- Reducir la brecha entre cifras oficiales y reportes de organizaciones civiles sobre desapariciones
- Definir el papel de la nueva titularidad de la Fiscalía General de la República en la política de búsqueda
- Atender la recomendación de la CNDH derivada de la muerte de dos niñas en Sinaloa
- Evaluar el impacto de la reforma judicial de 2024 en la independencia de jueces y tribunales
- Vigilar la ejecución real del gasto etiquetado para programas sociales en el Paquete Económico 2026
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