La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reforma constitucional que busca modificar el calendario de renovación del Poder Judicial, de forma que la segunda etapa de la elección judicial —prevista originalmente para 2027— podría aplazarse hasta el 4 de junio de 20281. La propuesta llega poco más de un año después de la primera elección judicial, realizada en junio de 2025, cuando por primera vez la ciudadanía eligió por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.
Qué cambia la iniciativa
De acuerdo con la propuesta enviada por el Ejecutivo federal, si el Congreso la aprueba, la ciudadanía volvería a votar por jueces y magistrados hasta junio de 2028, en lugar de hacerlo en 2027 como establecía el calendario original1.
El argumento oficial es de carácter logístico: la administración federal señaló que mantener la elección judicial en 2027 complicaría la organización electoral, porque ese año también habrá renovación de gubernaturas, congresos locales, alcaldías y diputaciones en 17 estados del país1. Según explicó el Gobierno federal, los ciudadanos tendrían que acudir a distintos centros de votación para elegir autoridades locales y, por separado, participar en la elección del Poder Judicial, lo que podría generar confusión y reducir aún más la participación.
Antecedente: la elección de 2025
La reforma constitucional que dio origen a este nuevo modelo fue aprobada en septiembre de 2024, impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador2. Estableció que todas las personas juzgadoras serían electas por voto popular, redujo de 11 a nueve el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevos órganos.
El 1 de junio de 2025, trece millones de personas ejercieron por primera vez su derecho a elegir directamente a 2,681 juzgadores del Poder Judicial Federal y estatal, según cifras oficiales del Gobierno de México3. Sin embargo, aquella jornada estuvo marcada por críticas debido a la baja participación ciudadana, la complejidad de las boletas y cuestionamientos sobre la cercanía política de varios candidatos ganadores con el partido oficialista1.
Lo que hay que saber
- Elección de 2025
El 1 de junio de 2025 se eligieron por voto popular 2,681 cargos del Poder Judicial Federal y estatal[^3].
- Nueva fecha propuesta
La segunda etapa de la elección judicial podría moverse del 2027 al 4 de junio de 2028[^1].
- Origen de la reforma
La reforma constitucional que creó este modelo fue aprobada en septiembre de 2024 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador[^2].
- Coincidencia electoral
En 2027 estaba prevista también la renovación de gubernaturas, congresos locales, alcaldías y diputaciones en 17 estados[^1].
Posturas encontradas
El proceso de reforma judicial generó tensiones desde su origen. Sectores empresariales y financieros advirtieron riesgos para la certeza jurídica y la inversión; trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación denunciaron una posible afectación a su independencia y derechos laborales, mientras que partidos de oposición y organizaciones civiles alertaron sobre impactos en la división de poderes2.
En contraste, Morena, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y las y los gobernadores emanados de ese partido respaldaron la iniciativa original, junto con académicos y especialistas afines2. La posible modificación al calendario reabre ahora el debate sobre la independencia del Poder Judicial y la pertinencia del voto popular para elegir ministros1.
Qué sigue
Especialistas consultados por medios especializados coincidieron en que, se apruebe o no el aplazamiento, la siguiente elección judicial exigirá ajustes urgentes: rediseño de boletas, mayor difusión de perfiles y propuestas de candidaturas, y cambios a las reglas que hoy dificultan el voto informado2.
El reto, señalaron, será corregir las fallas detectadas en 2025 sin desmontar un modelo que ya redefinió la integración del Poder Judicial en México2. La iniciativa de Sheinbaum debe ser discutida y votada por el Congreso de la Unión antes de convertirse en reforma constitucional; hasta el momento no se ha reportado una fecha de dictamen ni el resultado de esa votación.
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