La Presidencia de la República impulsó y logró la aprobación en el Congreso de una nueva reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación que pospone la segunda elección popular de jueces y magistrados —originalmente prevista para 2027— hasta el 4 de junio de 2028, reduce el número de candidaturas por cargo y crea una comisión coordinadora para homologar los criterios de evaluación de los aspirantes. La Consejería Jurídica de la Presidencia precisó que la iniciativa no sustituye la reforma judicial promulgada en septiembre de 2024, sino que busca profundizarla tras las críticas que dejó la primera elección judicial de junio de 2025.
Qué cambia la iniciativa
La presidenta Claudia Sheinbaum envió el 19 de mayo de 2026 al Senado, a través de la Comisión Permanente, la iniciativa de reforma constitucional en materia del Poder Judicial.4 El documento fue remitido por la Secretaría de Gobernación con firma autógrafa de la mandataria y plantea, entre otros puntos, aplazar a 2028 la elección de jueces y magistrados, crear una nueva comisión para evaluar a los aspirantes, empatar la consulta de revocación de mandato con las elecciones federales y locales, reducir el número de candidaturas en la boleta y reinstalar "secciones" en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).5
La Consejería Jurídica de la Presidencia detalló que la propuesta no sustituye la reforma judicial de septiembre de 2024, sino que "la profundiza", y plantea que solo haya cuatro perfiles mejor calificados por cada cargo.1 Se mantienen los tres comités de selección de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que por tómbola depurarán la lista a dos abanderados por cargo: un hombre y una mujer.
Cómo se elegirán los candidatos
De acuerdo con la iniciativa, para postular a las dos personas por cargo el Poder Ejecutivo lo hará por conducto de la Presidenta; el Congreso asignará una candidatura por cada cámara mediante el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes, y el Poder Judicial lo hará a través de seis de los nueve ministros de la Corte.1 La propuesta también busca dar mayor claridad a la integración de los nombres en las boletas, de forma que se identifiquen las candidaturas propuestas por cada comité y por cada una de las cinco especialidades judiciales.
Para homologar los criterios entre los comités de los tres poderes, la iniciativa plantea la creación de una comisión coordinadora integrada por un representante de cada comité de evaluación.2 Según explicó la Consejería Jurídica, cada comité nombrará a un presidente o presidenta que coordinará a los cinco miembros de las comisiones del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y esos tres coordinadores acordarán y transparentarán los criterios de evaluación con anticipación a la elección.
Cada uno de los comités va a nombrar a un presidente o presidenta que va a coordinar a los cinco miembros de las comisiones del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial
Consejería Jurídica de la Presidencia de la República
Por qué se aplaza la elección
Sheinbaum explicó que el criterio principal para posponer la elección no fue el costo, sino la facilidad para votar.4 El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que empalmar los comicios judiciales con los ordinarios de 2027 —en los que se elegirán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y miles de diputaciones locales y presidencias municipales— incrementaría los costos de organización y obligaría a instalar casillas judiciales en direcciones distintas, ya que no se permite la presencia de representantes de partidos en esos comicios.5
La primera elección judicial, celebrada en junio de 2025, costó alrededor de 6 mil 500 millones de pesos y registró una participación del 13%, según datos oficiales del INE, un debut marcado por boletas de hasta 60 centímetros y candidatos poco conocidos por el electorado.
Lo que hay que saber
- Envío de la iniciativa
La Presidencia remitió la propuesta al Senado el 19 de mayo de 2026 a través de la Comisión Permanente.
- Nueva fecha de elección
La segunda elección judicial se realizaría el 4 de junio de 2028, en lugar de 2027.
- Aprobación en Diputados
La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa en lo general y en lo particular el 29 de mayo de 2026, con el respaldo de Morena y sus aliados.
- Costo de la elección de 2025
El primer proceso judicial costó unos 6,500 millones de pesos y tuvo 13% de participación, según el INE.
Aprobación en el Congreso y reacciones
El Congreso aprobó la iniciativa tras una sesión maratónica que comenzó el martes por la tarde, tuvo una pausa esa misma noche y se reanudó al día siguiente, culminando con la aprobación en los primeros minutos del jueves 29 de mayo de 2026.7 Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que la iniciativa busca atender las "debilidades y áreas de oportunidad" de la reforma judicial de 2024 que no habían sido resueltas en procesos legislativos previos.
La propuesta también generó críticas de especialistas. El abogado constitucionalista Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, calificó la iniciativa como más profunda de lo anunciado inicialmente y advirtió sobre un mayor control en el proceso de selección de jueces.10
La postura de la ministra Loretta Ortiz
La ministra de la Suprema Corte Loretta Ortiz Ahlf afirmó que la nueva reforma judicial busca consolidar al Poder Judicial de la Federación con instituciones "confiables y profesionales", al establecer mayores filtros para que los cargos de jueces, magistrados y ministros sean ocupados por los perfiles más idóneos.3 Sobre la controversia constitucional en torno al relevo en la presidencia de la SCJN, Ortiz señaló que corresponde al Poder Legislativo analizar ese asunto, sin dar mayor detalle.
Las modificaciones al Poder Judicial deben entenderse como una respuesta a la demanda de contar con instituciones más confiables y profesionales
Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la SCJN
Antecedente: la reforma de 2024
La reforma judicial de 2024, impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, estableció la elección popular escalonada de todos los cargos del Poder Judicial federal y local, tras dos intentos previos que fracasaron por obstáculos en el Congreso y en la Suprema Corte.7 La entonces ministra Yasmín Esquivel Mossa reconoció, a año y medio de la promulgación de esa enmienda, que la reforma "es perfectible" y planteó un decálogo de ajustes, incluyendo aplicar un examen nacional a los aspirantes al Poder Judicial.6
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