A poco más de un año de que 13 millones de personas eligieron por voto directo a jueces, magistrados y ministros en México, la reforma judicial de 2024 empieza a mostrar sus primeros efectos concretos: una Suprema Corte de Justicia de la Nación con integración completamente nueva que ya emitió resoluciones sobre el bloqueo de cuentas bancarias, y un balance crítico de especialistas que documenta fallas de transparencia y diseño institucional en el proceso que renovó al Poder Judicial Federal y de 19 entidades.
Qué cambió y cuándo
La reforma constitucional en materia del Poder Judicial fue promulgada el 15 de septiembre de 2024 por el entonces presidente Andrés López Obrador, tras su aprobación en el Congreso y en las legislaturas estatales.2 El decreto sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevos órganos —el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial— y estableció que todas las personas juzgadoras del país, sin excepción, sean electas por voto popular.3
La primera Elección Judicial se realizó el domingo 1 de junio de 2025, y quienes resultaron ganadores tomaron posesión el 1 de septiembre de 2025, lo que dio paso a la renovación íntegra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.1 En esa jornada se votó por 881 cargos a nivel nacional: 9 ministros de la SCJN, 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 magistrados de salas regionales, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de Circuito y 386 jueces de Distrito.2 Además se renovaron 1,800 cargos en los poderes judiciales locales de 19 entidades federativas.3
Lo que hay que saber
- Fecha de promulgación
La reforma constitucional se publicó el 15 de septiembre de 2024.
- Primera elección judicial
Se realizó el 1 de junio de 2025 y los electos asumieron el cargo el 1 de septiembre de 2025.
- Cargos en juego
881 cargos federales, incluida la totalidad de la Suprema Corte, más 1,800 cargos locales en 19 entidades.
- Participación
Según datos del INE, alrededor del 13% de la Lista Nominal —de 99.7 millones de personas— acudió a votar.
Primeras resoluciones de la nueva Corte
Entre finales de 2025 y abril de 2026, la nueva integración de la Suprema Corte emitió resoluciones con implicaciones directas para los derechos de las personas usuarias del sistema financiero. La Corte determinó que el bloqueo de cuentas realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera solo es constitucional si existe una solicitud expresa y documentada de un organismo internacional o autoridad extranjera con facultades de investigación.1
En un segundo criterio, el tribunal estableció que el Ministerio Público no puede mantener congelada una cuenta de forma indefinida sin judicializar la carpeta de investigación: en un plazo de 90 días naturales, la autoridad debe presentar pruebas ante un juez que justifiquen el aseguramiento, o el juez de control debe ordenar el desbloqueo inmediato para no vulnerar el derecho al mínimo vital del titular.1
Balance crítico de especialistas
En marzo de 2026, un informe titulado Elecciones Judiciales 2025: Balance Crítico, coordinado por la Fundación Konrad Adenauer, reunió a especialistas, académicos y organizaciones civiles que analizaron los resultados y desafíos derivados de la reforma.4 El documento ofrece un diagnóstico del primer proceso electoral para elegir jueces y magistrados, además de recomendaciones para futuros ejercicios.
El análisis identificó desafíos relacionados con la ausencia de criterios uniformes, la improvisación en etapas clave y la falta de información pública completa durante el desarrollo del proceso electoral.4 El reporte también dedicó un apartado a la justicia en materia de ejecución penal, considerada por algunos especialistas como un punto clave para evaluar el impacto real de la reforma sobre las personas privadas de su libertad.
La autoridad electoral no tuvo tiempo para prepararse, no había reglas que dieran certeza, no tuvo presupuesto suficiente y no hubo condiciones de equidad para todas las candidaturas.
Especialista consultado por TRT Español sobre la organización de la elección judicial
Baja participación y dudas sobre legitimidad
La participación en la elección judicial de junio de 2025 apenas alcanzó el 13% de la Lista Nominal, un dato que analistas señalan como un factor que cuestiona la representatividad de las personas juzgadoras electas.5 Especialistas advierten además que los nuevos jueces asumieron oficinas que ya registraban un importante rezago procesal, lo que plantea dudas sobre su capacidad para cumplir los plazos que marca la ley con los recursos disponibles.6
El propio proceso generó tensiones desde su origen: sectores empresariales y financieros advirtieron riesgos para la certeza jurídica y la inversión; trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación denunciaron una posible afectación a su independencia y derechos laborales, mientras que partidos de oposición y organizaciones civiles alertaron sobre impactos en la división de poderes.3
- Renovación íntegra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con 9 nuevos ministros.
- Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.
- Primeros criterios de la nueva Corte sobre bloqueo de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera.
- Balance crítico de especialistas sobre transparencia y diseño del proceso electoral judicial.
- Segunda mitad de cargos judiciales pendiente de renovarse en la elección de 2027.
Qué sigue
La reforma contempla que la renovación del Poder Judicial se complete en dos etapas: la mitad de los cargos se eligió en 2025 y la otra mitad está prevista para la elección judicial de 2027, según explicó el investigador Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.7 Ese segundo proceso será, para especialistas y organizaciones civiles, la siguiente prueba sobre si se corrigen las fallas de organización, presupuesto y difusión que marcaron el primer ejercicio.
Comentarios