El 2 de junio de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó un nuevo decreto que reforma la Constitución en materia del Poder Judicial, ajustando el calendario de la elección judicial y el funcionamiento de los órganos creados por la reforma de 2024, en un contexto donde organismos de derechos humanos y una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionan el respeto al debido proceso dentro del nuevo esquema.
Qué cambió el decreto de junio
El decreto, aprobado por el Congreso y las legislaturas estatales, modifica disposiciones constitucionales en materia de reforma al Poder Judicial sin sustituir por completo el modelo aprobado en 2024, sino precisando cómo deberán organizarse las siguientes elecciones judiciales, especialmente la de 2028.3
Entre los cambios más relevantes está el aplazamiento de la elección judicial: la reforma pospone de 2027 a 2028 la elección de los cargos judiciales federales y locales que no se hubieran renovado en 2025, y fija que la jornada electoral coincidirá el primer domingo de junio de ese año.3
También se autoriza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcione en Pleno y, con aprobación del propio Pleno, en dos secciones, y se crea una Comisión Coordinadora encargada de homologar criterios de evaluación, metodologías de selección y exámenes de conocimientos para quienes aspiren a cargos judiciales.3
- Aplazamiento de la elección judicial de 2027 a 2028
- Posibilidad de que la Suprema Corte funcione en dos secciones
- Nueva Comisión Coordinadora para homologar criterios de evaluación
- Reglas más precisas para cubrir vacantes por muerte, renuncia o destitución
El Tribunal de Disciplina Judicial y el debido proceso
El Tribunal de Disciplina Judicial, uno de los órganos creados por la reforma de 2024, presentó en enero su primer informe de 120 días, en el que se mandató que actuará de manera pronta, completa, expedita e imparcial, conforme a lo que establezca la ley.1
El documento subraya que las conductas como corrupción, retardo injustificado en la resolución de asuntos e incumplimiento grave de los deberes judiciales serán sancionadas con apego al marco constitucional, siempre bajo el respeto irrestricto al debido proceso.1
La reforma también otorga al Tribunal de Disciplina la facultad de evaluar el desempeño de las juezas y jueces electos durante su primer año en el cargo, además de poder ordenar capacitación.
Preocupación internacional
La reforma judicial ha llegado a instancias internacionales. Una petición firmada por 65 juzgadoras y juzgadores federales fue formalmente notificada por la CIDH al Estado mexicano para que responda en un plazo determinado.4
En el plano de los organismos de derechos humanos, Human Rights Watch señaló en su informe más reciente que la reforma constitucional amenaza la independencia judicial en el país y no aborda los principales obstáculos para acceder a la justicia.2
El mismo informe recoge la postura de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los magistrados y abogados, quien expresó su preocupación durante el proceso electoral judicial.
las deficiencias observadas en esta primera elección ponen en riesgo la integridad institucional y la confianza pública en el sistema de justicia
Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de los magistrados y abogados
Lo que hay que saber
- Fecha del decreto
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2026.
- Nueva fecha electoral
La elección judicial pendiente se trasladó de 2027 a 2028.
- Órgano disciplinario
El Tribunal de Disciplina Judicial rindió su primer informe de labores en enero de 2026.
- Reclamo internacional
Sesenta y cinco juzgadoras y juzgadores federales presentaron una petición ante la CIDH.
Prisión preventiva y acceso a la justicia
Más allá de la reforma al Poder Judicial, los indicadores sobre debido proceso en México muestran rezagos estructurales. Según Human Rights Watch, los fiscales resuelven aproximadamente uno de cada diez homicidios intencionales que investigan, en muchos casos con pruebas que han sido alteradas, falsificadas u obtenidas mediante amenazas o tortura.2
El mismo informe documenta que el Congreso aprobó una serie de leyes, la más reciente en abril, para ampliar la prisión preventiva obligatoria, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado en dos ocasiones a México que elimine esta figura por ser incompatible con las normas de derechos humanos.2
Como resultado, alrededor del 40% de las personas encarceladas en el país no han sido condenadas y permanecen en prisión en condiciones de hacinamiento y con falta de servicios médicos y de salud mental, de acuerdo con la misma fuente.2
Comentarios