Cuando una persona denuncia un delito, pide un amparo o reclama una violación a sus derechos en México, entra en contacto con un entramado de instituciones con funciones distintas y, con frecuencia, poco claras para la ciudadanía: fiscalías que investigan, jueces que resuelven, comisiones que documentan violaciones a derechos humanos y gobiernos que deben garantizar presupuesto y coordinación. La reforma judicial aprobada en 2024 y la elección popular de juzgadores realizada en 2025 modificaron una parte de ese esquema, mientras persisten señalamientos sobre desapariciones, impunidad y falta de recursos que documentan organismos nacionales e internacionales.
Quién investiga y quién juzga
El sistema de justicia mexicano separa dos funciones que suelen confundirse: la procuración de justicia, a cargo de las fiscalías, y la impartición de justicia, a cargo de los tribunales. La Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales son las encargadas de investigar los delitos, reunir pruebas y, en su caso, presentar acusaciones ante un juez; no les corresponde sentenciar, sino integrar la investigación que permitirá a un tribunal decidir.
Del lado judicial, el Poder Judicial de la Federación —integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tribunales colegiados y juzgados de distrito— y los poderes judiciales estatales son quienes resuelven controversias, dictan sentencias y revisan amparos. Ambas estructuras operan de forma independiente entre sí, aunque su coordinación es indispensable para que un caso avance de la denuncia a la sentencia.
Quién hace qué
- Fiscalías (FGR y estatales)
Investigan delitos y presentan acusaciones ante jueces; no dictan sentencias.
- Poder Judicial (federal y estatal)
Resuelve controversias, dicta sentencias y revisa amparos contra actos de autoridad.
- Comisiones de derechos humanos
Documentan violaciones a derechos humanos y emiten recomendaciones, sin carácter vinculante.
- Gobiernos federal y estatales
Deben asignar presupuesto y garantizar condiciones para que estas instituciones operen.
La reforma que cambió cómo se eligen los jueces
El 15 de septiembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que modificó de fondo al Poder Judicial. La reforma redefine quién imparte justicia, cómo se eligen las personas juzgadoras y qué instituciones permanecen o desaparecen.3 El cambio central es que todos los jueces, magistrados y ministros del país pasaron a elegirse por voto popular directo, sustituyendo un modelo previo basado en exámenes profesionales.
La reforma también reestructuró la Suprema Corte, reduciendo el número de ministros de once a nueve, y sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevos órganos: uno de Administración Judicial, encargado de la gestión, y un Tribunal de Disciplina Judicial, enfocado en sancionar faltas de jueces y magistrados.4 Este último es un órgano con independencia técnica y de gestión, responsable de la supervisión, disciplina y sanción de funcionarios judiciales.5
La primera elección judicial y sus señalamientos
En junio de 2025, México celebró elecciones populares para nombrar a la mitad del Poder Judicial, incluidos 881 jueces federales y miembros de la Suprema Corte.1 El proceso, inédito en la región, se caracterizó por una baja participación ciudadana y por preocupaciones sobre la integridad del proceso electoral.
La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los magistrados y abogados expresó inquietud antes y después de la jornada. Human Rights Watch documentó su postura tras los comicios.1
Las deficiencias observadas en esta primera elección ponen en riesgo la integridad institucional y la confianza pública en el sistema de justicia.
Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados
Presupuesto: menos recursos para procuración de justicia
Más allá del diseño institucional, el acceso a la justicia depende de recursos concretos. Un análisis de gasto público advierte que, sin contar obras públicas, el presupuesto total destinado a fortalecer el Estado de derecho en 2026 será de 378 mil millones de pesos, 21% menor al observado en 2024 con ese mismo criterio (479 mil millones de pesos).5
El mismo análisis señala que el desbalance en la relación cívico-militar del presupuesto se traduce en el abandono de las policías, que son las instituciones encargadas de la prevención, contención y reacción ante el delito.5 Los organismos evaluadores insisten en que ya no basta con observar el monto total asignado a las entidades responsables, sino desagregar cuánto de ese gasto se orienta efectivamente a seguridad, procuración de justicia y gobernabilidad democrática.
Comisiones de derechos humanos y el problema de las desapariciones
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y sus contrapartes estatales son, en teoría, organismos autónomos encargados de vigilar que las autoridades respeten los derechos de las personas. En noviembre de 2024, el Congreso reeligió a Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH, descrita por organizaciones internacionales como un organismo que debería ser independiente.1
El desafío más señalado es el de las desapariciones: el total oficial de personas desaparecidas en México superó las 130 mil en 2025, cifra que incluye casos denunciados desde 1952.1 Human Rights Watch sostiene que las autoridades no han tomado medidas suficientes para prevenir estas desapariciones y exigir que los responsables rindan cuentas ante la justicia. En marzo de 2025, un grupo local de voluntarios reportó el hallazgo de cientos de prendas de vestir, restos humanos calcinados y estructuras similares a hornos subterráneos en un rancho en las afueras de Guadalajara, Jalisco.
El relevo en la Fiscalía General de la República
En la procuración de justicia también hubo cambio de titular: con la salida de Alejandro Gertz Manero y la llegada de Ernestina Godoy Ramos a la titularidad de la Fiscalía General de la República se abrió un nuevo periodo en esa institución, que durante siete años tuvo una gestión que no convenció a distintos sectores.2 Analistas señalan que Godoy Ramos buscará que la coordinación entre fiscalías de todos los niveles de gobierno se fortalezca como eje de su gestión.
Qué sigue
El mapa institucional de la justicia mexicana seguirá moviéndose en los próximos meses: la instalación plena del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, la continuidad de la reforma en los 32 estados y la vigilancia de organismos como la ONU sobre la segunda etapa de elecciones judiciales serán puntos de referencia obligados para medir si el nuevo esquema resuelve —o profundiza— los problemas de acceso a la justicia que documentan las propias autoridades y organizaciones civiles.
Comentarios