A más de un año de la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) continúa operando como el único punto centralizado desde el cual cualquier persona en México puede solicitar documentos públicos, presentar recursos de revisión y ejercer sus derechos de acceso a la información y protección de datos personales, aunque especialistas y legisladores advierten que su funcionamiento se ha deteriorado desde que sus funciones pasaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Qué es y por qué centraliza el derecho de acceso
La PNT es la herramienta digital que permite a la ciudadanía consultar y solicitar, en un solo sitio, la información que producen o resguardan las instituciones públicas del país, sin necesidad de acudir por separado a cada dependencia. Antes de la reforma que eliminó al INAI, esta plataforma centralizaba la información de 723 sujetos obligados a nivel federal y más de siete mil considerando a las 32 entidades federativas.1
Su utilidad práctica es concreta: permite, por ejemplo, buscar un contrato municipal de compra de luminarias, permisos, manifestaciones de impacto ambiental o listados de proveedores de cualquier dependencia federal o estatal sin tener que navegar el sitio propio de cada institución.2
Lo que hay que saber
- Extinción del INAI
El Instituto Nacional de Transparencia desapareció formalmente el 19 de marzo de 2025 tras la reforma constitucional de simplificación orgánica.[^3]
- Nueva autoridad
Las funciones de la PNT pasaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro.[^4]
- Alcance
La plataforma centraliza información de 723 sujetos obligados federales y más de siete mil en todo el país.[^1]
- Solicitudes en descenso
En 2025 se presentaron 796,973 solicitudes de información, 20% menos que el año anterior.[^5]
El compromiso oficial y el reemplazo institucional
Cuando se discutía la reforma que eliminó siete organismos autónomos, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo públicamente que la plataforma no desaparecería. Ante el cuestionamiento sobre el futuro de la PNT durante la extinción del INAI, la mandataria afirmó que la Plataforma Nacional de Transparencia "no puede desaparecer", y explicó que sus funciones pasarían a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.5
Al iniciar operaciones la nueva dependencia, su titular, Raquel Buenrostro, insistió en que la PNT seguiría vigente e "intacta", y afirmó que la nueva estructura costaría 52% menos que el INAI, lo que representaría un ahorro de 500 millones de pesos al operar con menos personal.3
La Plataforma Nacional de Transparencia no puede desaparecer... las funciones pasan a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Fallas técnicas y menor actualización
Pese a la promesa de continuidad, distintos análisis documentan un deterioro operativo. Tras la eliminación del INAI, la Plataforma Nacional de Transparencia dejó de publicar información con la frecuencia habitual, lo que generó desencanto entre la ciudadanía, según explicó la especialista María del Carmen García Ricci.6
Las fallas técnicas y la falta de actualización provocaron que las solicitudes de información disminuyeran, ya que en muchas ocasiones la página no funcionaba o los datos solicitados no estaban disponibles.6 Un análisis independiente coincide en que la conectividad de la plataforma comenzó a deteriorarse meses antes de la extinción del INAI, cuando se efectuó una reestructura que ha ralentizado su funcionamiento.4
Transición inconclusa en los estados
El problema no se limita al ámbito federal. Un análisis publicado en Proceso documenta que varios institutos estatales de transparencia continúan sesionando de forma transitoria, otros han suspendido plazos, y algunos más ya cerraron definitivamente o lo harían en los primeros meses de 2026.7
Durante el año pasado, entidades como Aguascalientes, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Jalisco, Quintana Roo, Coahuila, Sonora, Colima, Baja California y Yucatán cerraron formalmente sus institutos de transparencia, mientras que en Durango se decretó apenas la suspensión de plazos, prolongando la incertidumbre jurídica.7 El texto advierte que extinguir institutos sin tener listas las nuevas autoridades garantes no es solo un problema administrativo, sino que representa un retroceso en la protección de derechos humanos.
- Coahuila, Puebla, Sonora, Yucatán, Tlaxcala, Baja California, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco ya operan órganos desconcentrados, con modelos heterogéneos y sin criterios nacionales homogéneos.
- Aumento en las reservas de información pública, incluso en temas sensibles que impactan la vida y seguridad de las personas.
- Una plataforma tecnológica sin resoluciones, sin criterios y sin órganos que hagan exigible la ley resulta insuficiente para garantizar el derecho de acceso.
Cuestionamientos políticos y consecuencias internacionales
En agosto de 2026, tras un decreto de la presidenta Sheinbaum para reforzar la transparencia, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, cuestionó la medida al señalar que "el Gobierno federal de Morena tiene una idea muy peculiar de la transparencia: desaparece el órgano autónomo, concentra las funciones en el Ejecutivo y después pide un voto de confianza".8
La ausencia de una autoridad garante independiente también ha tenido efectos fuera del país. El gobierno mexicano no ha podido iniciar negociaciones formales con Europol para intercambiar datos contra el narcotráfico y terrorismo, debido a que la desaparición del INAI eliminó la autoridad independiente que Europa exige como garantía de protección de datos.9
La transparencia no es una concesión del poder, es un principio constitucional de las personas; por eso son indispensables los contrapesos.
Clemente Castañeda, coordinador de MC en el Senado
El nuevo decreto y lo que sigue
El decreto anunciado por Sheinbaum en agosto de 2026 ordena la publicación mensual de información sobre entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de imponer la obligación de difundir contratos, auditorías y observaciones de los órganos de control.6
Para 2026, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene asignados 44 millones 26 mil 558 pesos adicionales respecto al ejercicio 2025, aunque persisten dudas sobre si la multiplicación de autoridades garantes locales cuenta con presupuesto suficiente para operar de manera plena.10 Mantener la PNT en funcionamiento pleno, actualizada y con reglas claras sigue siendo, según especialistas, la condición mínima para que el derecho de acceso a la información no dependa de la voluntad de cada institución obligada.
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