Los partidos políticos podrán solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) una opinión sobre posibles candidatos antes de definir sus postulaciones para las elecciones de 2027, a través de un mecanismo voluntario que canaliza información de instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para identificar si existe algún riesgo relacionado con delincuencia organizada u otras actividades ilícitas.
Cómo operará el mecanismo
La consejera jurídica del Gobierno federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la herramienta permitirá que, antes de definir formalmente a sus candidatos, los partidos entreguen al INE un listado de posibles aspirantes para que el organismo solicite información a instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad1.
Con esa información, las instituciones realizarán un análisis para determinar si existe algún riesgo razonable, y comunicarán al organismo electoral el resultado, sin que se entregue a los partidos toda la información relacionada con investigaciones en curso2.
Una vez realizado el análisis, la información será devuelta al INE, que a su vez la hará llegar a los partidos políticos que solicitaron la revisión1.
Simplemente establecen si hay un posible riesgo razonable o no.
Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Gobierno federal
Carácter voluntario
Alcalde precisó que el mecanismo será de carácter voluntario, por lo que los partidos políticos no estarán obligados a solicitar estas evaluaciones antes de definir a sus candidatos1. Además, las personas que aspiren a ser postuladas deberán otorgar su consentimiento para que sus perfiles sean sometidos a la revisión correspondiente3.
"Es una herramienta que antes no existía y que hoy se está desarrollando para ponerse a disposición ya de las elecciones del 2027", afirmó la funcionaria1.
La Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas
El mecanismo se desprende de la nueva Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que el Consejo General del INE integró como consecuencia de la reforma constitucional en materia electoral y las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales4. La comisión es presidida por el consejero Arturo Chávez e integrada también por Uuc-kib Espadas y Norma Irene De la Cruz Magaña5.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, ha señalado que el instituto no investigará ni determinará responsabilidades penales, sino que únicamente coordinará el intercambio de información con las autoridades competentes, las únicas facultadas para investigar y perseguir delitos4.
Lo que hay que saber
- Alcance
El INE calcula que deberá realizar verificaciones a entre 750,000 y 800,000 aspirantes a candidaturas en el proceso de 2027[^6].
- Instituciones participantes
Colaborarán la FGR, la UIF, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Seguridad[^4].
- Sin efecto vinculante
Una eventual advertencia de riesgo no impedirá el registro de una candidatura; la decisión final corresponde al partido o a la persona aspirante[^4].
Límites y dudas pendientes
El exfiscal especializado en delitos electorales Héctor Díaz Santana consideró que la efectividad de la nueva comisión dependerá completamente de la disposición de otras instituciones para compartir información7. Especialistas también advierten que el INE asumirá esta tarea sin un aumento de presupuesto ni nuevas facultades legales, y con antecedentes de negativas por parte de diversas autoridades para entregar información clave.
Al interior del Consejo General del INE, un grupo de consejerías señaló que el instituto no debe convertirse solamente en una "oficialía de partes", mientras que otro sector sostuvo que la comisión es de carácter meramente informativo y no le corresponde juzgar5.
Presunción de inocencia y siguientes pasos
Ante la pregunta de cómo este procedimiento podría contribuir a evitar candidaturas relacionadas con el crimen organizado, Alcalde explicó que el objetivo es que los partidos conozcan con anticipación la información de riesgo que poseen las instituciones de seguridad y procuración de justicia, para que puedan valorarla antes de que la persona sea postulada1.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó que, en caso de encontrarse información que advierta un posible riesgo, las instituciones del Estado mexicano deberán actuar conforme a sus atribuciones y presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes8, lo que distingue una alerta de riesgo de una investigación, imputación o sentencia formal. El mecanismo se prevé ya disponible para el proceso electoral federal de 2027.
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