La digitalización del crimen organizado —que hoy permite contratar capacidades tecnológicas, coordinar operaciones entre países y explotar vulnerabilidades mediante plataformas digitales— ha dejado a las instituciones de procuración de justicia de México con un rezago estructural: según el más reciente diagnóstico de México Evalúa, solo 3 de 29 fiscalías estatales cuentan con capacidad para rastrear direcciones IP, una de las herramientas básicas para enfrentar delitos que ya no respetan fronteras ni jurisdicciones.
Un fenómeno que rebasa el hecho aislado
El artículo de Mexico Social parte de una premisa que organismos internacionales ya han reconocido formalmente: perseguir hechos delictivos aislados resulta insuficiente cuando las redes criminales pueden tercerizar capacidades tecnológicas y operar de forma coordinada entre distintos países.1
La Declaración de Abu Dabi, adoptada en el 15º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, reconoce esta complejidad. De acuerdo con Noticias ONU, los Estados miembros identificaron desafíos que incluyen la ciberdelincuencia, el fraude y modalidades descritas como "crimen como servicio" y "violencia como servicio", en las que ciertas capacidades delictivas pueden ofrecerse y contratarse entre actores con funciones distintas.1
Esta lógica de tercerización complica la atribución de responsabilidades: la distancia entre quienes ofrecen herramientas tecnológicas, quienes coordinan operaciones y quienes ejecutan las agresiones dificulta que las autoridades logren reconstruir la cadena de mando de un delito, lo que exige capacidades compartidas de investigación entre instituciones y fronteras.1
El diagnóstico de las fiscalías mexicanas
En México, la brecha entre la sofisticación tecnológica del crimen y la capacidad de respuesta institucional quedó documentada en el informe "Justicia Digital en Fiscalías 2025. Tecnología aplicada a la investigación criminal en México", elaborado por la organización México Evalúa. El estudio se basó en un cuestionario de 16 preguntas enviado vía solicitudes de información a las 32 fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República (FGR), de las cuales respondieron 29 instituciones estatales; la FGR no contestó.2
El diagnóstico analizó 14 tipos de herramientas tecnológicas agrupadas en cuatro dimensiones: gestión de casos, protección del personal, investigación forense y facilitación de procesos penales.2 Los resultados muestran disparidades severas entre entidades: mientras Baja California y Querétaro reportan el uso de 13 herramientas digitales distintas, Morelos apenas cuenta con una.3
Apenas seis fiscalías del país respondieron de manera afirmativa al preguntarles si utilizan algún tipo de herramienta digital —desde PowerPoint hasta reconstrucciones de hechos en 3D— para presentar pruebas en audiencias, lo que según México Evalúa refleja que las fiscalías no están enfocadas en litigar sus casos ante tribunales.2
El problema no es la ausencia de tecnología, sino la falta de integración e incentivos para utilizarla estratégicamente, pero también la ausencia de planes de tecnología a largo plazo que podrían potenciar estas herramientas que las fiscalías adquieren de manera aislada.
Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia en México Evalúa
Digitalización superficial, no transformación
Uno de los hallazgos centrales del informe es que la adopción tecnológica en muchas fiscalías no ha implicado un cambio real en los métodos de investigación: las instituciones siguen las mismas prácticas tradicionales, solo que ahora en formato digital.4 México Evalúa documentó que la digitalización en el país continúa siendo superficial y no equivale a una transformación de la forma de trabajo de las fiscalías.3
Durante un conversatorio posterior a la presentación del informe, especialistas coincidieron en la urgencia de adoptar herramientas de inteligencia artificial para agilizar la resolución de casos y el acceso a la justicia, aunque también advirtieron sobre los riesgos que implica su uso sin marcos regulatorios claros.3
Lo que revela el diagnóstico
- Rastreo de IP
Solo 3 de 29 fiscalías estatales (10.3%) tienen capacidad para rastrear direcciones IP, herramienta básica frente a delitos cometidos con tecnología.[^2]
- Presentación de pruebas
Apenas seis fiscalías usan herramientas digitales para presentar evidencia en audiencias ante un juez.[^2]
- Desigualdad territorial
Baja California y Querétaro usan 13 herramientas digitales, mientras Morelos reporta solo una.[^3]
- Sin respuesta de la FGR
La Fiscalía General de la República fue consultada pero no respondió al cuestionario del estudio.[^3]
La desigualdad que reorganiza el acceso a la justicia
El rezago tecnológico de las fiscalías no es un problema uniforme: la capacidad de investigación y judicialización varía según el estado, lo que afecta directamente la eficiencia de las investigaciones y el acceso a la justicia para las víctimas, dependiendo del lugar donde ocurrió el delito.4
Esta disparidad se extiende también al uso de inteligencia artificial en tribunales. Mientras algunos juzgados ya emplean IA como apoyo en el análisis y la redacción de sentencias, no existe todavía un marco regulatorio que defina con claridad sus límites y alcances.4 En paralelo, gobiernos municipales como el de Ecatepec han anunciado centros de mando con inteligencia artificial y reconocimiento facial orientados a la prevención del delito, una apuesta que organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han cuestionado por carecer de evidencia científica que respalde su efectividad.
R3D advierte que no existe forma de reconocer o predecir comportamientos delictivos mediante estas técnicas, y que las tecnologías de vigilancia masiva con reconocimiento facial son altamente susceptibles de identificar erróneamente a las personas, lo que ha derivado en detenciones arbitrarias, especialmente entre grupos vulnerables como personas racializadas, mujeres y personas trans.4
Una agenda pendiente
El debate sobre justicia digital en México ganó fuerza en la conversación pública tras la presentación, el 15 de abril, de la agenda de México Evalúa orientada a "innovar para investigar mejor", enfocada en aplicar tecnología a la investigación criminal.5
La organización plantea que la investigación criminal en el país sigue cargando inercias analógicas: en muchos espacios, la integración de carpetas, la coordinación entre áreas, el resguardo de evidencia y el seguimiento de actos de investigación todavía dependen de procesos fragmentados, registros dispersos y tiempos administrativos que no siempre responden a la urgencia del delito.5 Para México Evalúa, la justicia digital no se trata solamente de incorporar tecnología, sino de rediseñar la operación institucional para que la información llegue a tiempo, con trazabilidad y capacidad de traducirse en decisiones más sólidas.
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