La reforma judicial aprobada en 2026 corrigió algunas fallas operativas del modelo de elección de jueces, magistrados y ministros estrenado un año antes, pero dejó sin resolver los problemas que más pesan para quienes buscan justicia en México: procesos largos, costos elevados, impunidad y dudas sobre la independencia de quienes juzgan, según Laurence Pantin, directora de Juicio Justo, y Juan Pablo Campos, gerente de Proyectos de la Fundación Konrad Adenauer México.
Un documental sobre la reforma
El diagnóstico de Pantin y Campos surge a partir del documental Cuando perdimos el juicio: crónica de la reforma judicial en México, dirigido por Amir Galván Cervera, cuyo propósito es dejar memoria del proceso y recuperar voces de personas juzgadoras, organizaciones civiles y academia que, según sus promotores, no tuvieron suficiente espacio durante la discusión pública.1
La producción ya fue exhibida en espacios académicos de Washington, Guatemala, Colombia y Chile, y su presentación oficial en México se realizó el lunes 14 de septiembre de 2026, a las 17:00 horas, en el Cine Tonalá, en la Ciudad de México.1 Pantin adelantó que el documental estará disponible gratuitamente en la página del proyecto y que habrá nuevas proyecciones, entre ellas una en Monterrey.
Lo que la reforma no resuelve
En entrevista con Publimetro México, Pantin fue tajante sobre el alcance real del cambio constitucional: “Desafortunadamente, en la reforma que se propuso y que se está implementando no hay nada realmente que vaya en el sentido de mejorar ninguno de estos aspectos”.2 A su juicio, los tiempos de resolución, los costos de acceso y la impunidad permanecen como agendas pendientes.1
Campos coincidió en que la reforma de 2026 tampoco resuelve muchos de los problemas de fondo, aunque sí plantea algunas oportunidades de mejora en el corto plazo, particularmente en la metodología de evaluación previa de las personas candidatas.1 Sin embargo, señaló que a partir de lo establecido en la Constitución Federal no queda claro en qué consistirá esa evaluación ni en qué medida podrá mejorar la idoneidad de quienes resulten elegidos.
Desafortunadamente, en la reforma que se propuso y que se está implementando no hay nada realmente que vaya en el sentido de mejorar ninguno de estos aspectos.
Laurence Pantin, directora de Juicio Justo
El peso de las cifras oficiales
El diagnóstico cobra relevancia en un país donde el sistema de justicia sigue mostrando brechas severas. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del INEGI, publicada el 10 de septiembre, estimó que durante 2025 ocurrieron 33.8 millones de delitos en México, de los cuales 93.4% no fueron denunciados o no derivaron en una carpeta de investigación; apenas 1.1% del total tuvo una resolución positiva para la víctima.2
Esa medición refleja principalmente la experiencia con procuración de justicia, pero dimensiona el problema estructural al que aluden los entrevistados sobre el funcionamiento más amplio del sistema judicial.2
Lo que hay que saber
- ENVIPE 2026
El INEGI estimó 33.8 millones de delitos en 2025, con 93.4% sin denuncia o sin carpeta de investigación.
- Resolución para víctimas
Solo 1.1% del total de delitos tuvo una resolución positiva para la persona afectada.
- Presentación del documental
Se exhibió el 14 de septiembre en Cine Tonalá, Ciudad de México, tras pasar por Washington, Guatemala, Colombia y Chile.
Independencia judicial, el punto central
Campos agregó que uno de los puntos centrales del debate está en las garantías de independencia judicial: que las personas juzgadoras puedan resolver con base en los hechos y el derecho aplicable, sin presiones externas.1 Más que cerrar el debate, dijo, la intención del documental es abrir un espacio de diálogo plural sobre qué cambios necesita todavía el sistema de justicia mexicano.
Antecedentes: la reforma de 2026 en el Congreso
La reforma judicial de 2026 fue aprobada por el Congreso Federal en un procedimiento que organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia calificaron de acelerado y sin apertura al diálogo con sociedad civil y especialistas.3 Entre los cambios aprobados por la Cámara de Diputados están el aplazamiento de las elecciones de jueces y magistrados de 2027 a junio de 2028, además de ajustes en la metodología para seleccionar candidaturas judiciales.4
El decreto correspondiente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 2026 y estableció que la jornada judicial federal y local coincidirá el primer domingo de junio de 2028.5 La norma también autoriza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcione en secciones, además del Pleno, una figura que la reforma de 2024 había eliminado al suprimir el esquema de Salas.
México Unido Contra la Delincuencia consideró que el aplazamiento de las elecciones es positivo pero insuficiente, pues dejó intacta la coincidencia de futuras elecciones judiciales con otros procesos electorales, y advirtió que permanecen aspectos que no garantizan el acceso a la justicia.3
Otras voces del Poder Judicial
El descontento no se limita a organizaciones civiles. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) exigió el cumplimiento de las obligaciones constitucionales pendientes y el restablecimiento de una verdadera independencia judicial, en el contexto del primer aniversario de la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y la creación del Órgano de Administración Judicial.6
En el ámbito local, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, señaló durante el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que persisten temas pendientes derivados de la reforma judicial que requieren atención para mejorar la impartición de justicia en el país.7 Herrera Sandoval explicó que, tras los procesos de elección judicial realizados a nivel federal y en diversas entidades, se han identificado aspectos que necesitan modificaciones en las leyes orgánicas y en el funcionamiento de los nuevos órganos judiciales.
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