Al cierre de 2024, las fiscalías de todo el país acumulaban 2.6 millones de casos sin concluir, sin contar los archivos temporales, de acuerdo con un estudio presentado por la organización México Evalúa el 10 de junio de 2026. El diagnóstico llega en un momento en que el sistema de justicia mexicano atraviesa dos procesos simultáneos —la implementación plena del sistema penal acusatorio y una nueva reforma constitucional al Poder Judicial publicada el 2 de junio de 2026— sin que, según especialistas, se resuelva el cuello de botella que enfrentan las personas que buscan justicia: fiscalías saturadas y con prácticas heredadas del modelo anterior.
Qué encontró el estudio de México Evalúa
El informe, titulado "Radiografía de las fiscalías en México: evaluar para fortalecer la procuración de justicia", advierte que pese a la plena implementación en 2026 del sistema penal acusatorio, muchas fiscalías continúan operando con prácticas heredadas del antiguo sistema inquisitivo escrito1, lo que limita su capacidad de investigar y resolver delitos con la celeridad que exige el nuevo modelo.
La organización subraya que medir el desempeño de una fiscalía solo por el número de carpetas abiertas o la incidencia delictiva no basta para conocer su efectividad real. En cambio, propone que los indicadores deben enfocarse en resultados: casos resueltos, investigaciones judicializadas, sentencias y soluciones que atiendan las necesidades de las personas afectadas1.
Más allá de reformas constitucionales, se requieren políticas públicas basadas en evidencia y diseñadas mediante procesos deliberativos con todas las fuerzas políticas, actores de la sociedad civil, academia, especialistas y organismos internacionales especializados en el tema.
Mariana Campos, directora de México Evalúa
La carga de trabajo del ministerio público
El problema no es solo de diseño institucional, sino de capacidad operativa. Un análisis publicado por la organización Impunidad Cero señala que un ministerio público atiende en promedio más de 180 carpetas al año, una carga que hace inviable realizar investigaciones de calidad2. La directora ejecutiva de esa organización, Catalina Kühne Peimbert, advirtió que persisten enormes brechas entre la incidencia delictiva, la investigación efectiva y la resolución de casos, particularmente en homicidio doloso y feminicidio.
Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa y responsable del estudio presentado en junio, fue enfática al señalar que la transformación de la justicia no depende únicamente de cambios normativos1.
Lo que hay que saber
- Casos sin concluir
Más de 2.6 millones de carpetas permanecían abiertas en las fiscalías del país al cierre de 2024, sin contar archivos temporales.
- Carga por fiscal
En promedio, cada ministerio público atiende más de 180 carpetas al año.
- Sistema acusatorio
En 2026 se dio la implementación plena del sistema penal acusatorio, aunque persisten prácticas del modelo inquisitivo anterior.
La reforma judicial se ajusta sobre la marcha
En paralelo a estos hallazgos, el gobierno federal publicó el 2 de junio de 2026 en el Diario Oficial de la Federación un nuevo decreto que reforma la Constitución en materia judicial. A diferencia de la reforma original de 2024, este ajuste no sustituye por completo el modelo aprobado en 2024, sino que precisa cómo deberán organizarse las siguientes elecciones judiciales, especialmente la de 20283.
Entre los cambios más relevantes, la reforma pospone de 2027 a 2028 la elección de los cargos judiciales federales y locales que no se hubieran renovado en la elección de 2025, y establece que la jornada judicial federal y local coincidirá el primer domingo de junio de 20283. Además, se autoriza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcione en Pleno y, con aprobación del propio Pleno, también en dos secciones.
Especialistas advierten que el impacto práctico de este ajuste dependerá de cómo se seleccionen las candidaturas judiciales, se organicen las boletas, se cubran vacantes y se evalúe a las nuevas personas juzgadoras durante la transición hacia 20283.
El presupuesto, el otro obstáculo
Mientras se discuten los ajustes normativos, la disputa presupuestal amenaza con frenar proyectos concretos de atención a víctimas en varios estados. En Nuevo León, la Fiscalía General de Justicia advirtió que la falta de un acuerdo para el presupuesto 2027 pondría en riesgo proyectos de atención a víctimas, entre ellos nuevos Centros de Justicia para las Mujeres4.
El fiscal general de esa entidad, Javier Flores Saldívar, explicó que de mantenerse un esquema de reconducción presupuestal, la dependencia tendría que seguir operando con los mismos recursos, lo que impediría concretar obras y ampliar los servicios dirigidos a las víctimas de delitos4. Entre los proyectos en riesgo se encuentra la creación de sedes de estos centros en los municipios de Guadalupe y San Nicolás.
El caso de Nuevo León no es aislado: para este ejercicio, esa fiscalía solicitó un presupuesto de 5 mil 554 millones 897 mil 508 pesos, un incremento del 12% respecto al año anterior, pero la propuesta no fue aprobada porque el gobierno estatal aplicó una reconducción presupuestal y la dependencia debió operar con los recursos autorizados para 20254.
Qué sigue
Los especialistas coinciden en que el reto para el sistema de justicia mexicano no se limita a la arquitectura constitucional. México Evalúa plantea una agenda de mejora orientada a fortalecer las capacidades operativas de las fiscalías, elevar la confianza ciudadana y mejorar la calidad de la procuración de justicia1. En tanto, el calendario de la reforma judicial 2026 fija la próxima jornada electoral judicial federal y local para el primer domingo de junio de 20283, un plazo en el que deberá resolverse si los cambios normativos logran traducirse en menos rezago, fiscalías con mejores resultados y mayor acceso efectivo a la justicia para las víctimas.
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