El mapa que nadie exige cumplir: las metas de policía y fiscalías que vencen en 2026

Hay un papel en el Diario Oficial de la Federación que muy pocos ciudadanos han leído y que, sin embargo, determina si la próxima llamada al 911 será atendida por alguien capacitado o por alguien que apenas llegó: el Consejo Nacional de Seguridad Pública ordenó a los estados incrementar el estado de fuerza de las policías estatales y de investigación en 25%, y el de los ministerios públicos de las fiscalías estatales en 30%, como parte de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicada el 16 de julio de 2025.¹

Lo que ordenan los acuerdos

Llevo años leyendo acuerdos de este tipo, primero desde la banca, después desde afuera, y sé reconocer cuándo un documento nace con vocación de cumplirse y cuándo nace para archivarse. Este tiene fechas duras: los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública establecen que las entidades deben incrementar el estado de fuerza de las policías estatales y de investigación en un 25 por ciento, además de elevar en 30 por ciento el número de agentes del Ministerio Público en las fiscalías locales.¹

No es una meta abstracta. El propio documento fija calendario: las fiscalías debían iniciar el proceso entre septiembre y diciembre de 2025 y continuarlo en enero de 2026, con la instrucción de elaborar un Plan de Reclutamiento 2026-2030 en un plazo de 30 días y la meta de contar con 32 academias certificadas para enero de este año.¹

Lo que hay que saber

• Base legal

  Los acuerdos derivan de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación.

• Meta policial

  Los estados deben aumentar en 25% el estado de fuerza de policías estatales y de investigación.

• Meta ministerial

  Las fiscalías estatales deben incrementar en 30% el número de agentes del Ministerio Público.

• Plazo de líneas de emergencia

  A partir de febrero de 2026, los operadores de las líneas 911 y 089 debían contar con capacitación certificada.

911, 089 y la capacitación pendiente

Uno de los puntos que más me detiene, porque toca la vida diaria de cualquiera que marque pidiendo auxilio, es el que obliga a los gobiernos estatales a garantizar que los operadores de las líneas 911 y 089 cuenten con las capacitaciones correspondientes a partir de febrero de 2026.¹

También se instruyó a las entidades a presentar ante sus congresos locales las reformas necesarias para armonizar su legislación con la nueva ley general, y a informar sobre los avances de esa armonización.¹ Es la parte del trámite que rara vez se fiscaliza desde fuera: una cosa es aprobar un acuerdo en una reunión del Consejo Nacional, y otra muy distinta es que un congreso estatal lo traduzca en ley, y que esa ley se traduzca en presupuesto real.

La versión del gobierno federal

El Gabinete de Seguridad, integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, difunde reportes operativos casi diarios como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que se organiza en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.²

Esos reportes documentan detenciones y aseguramientos de armas, drogas y vehículos en distintos estados del país, del tipo que ocurrió en días recientes en Baja California, Chihuahua, Coahuila y la Ciudad de México.² Son la cara visible, la que llena boletines. Lo que no aparece en esos comunicados es si las plazas de policía estatal y de ministerios públicos ya crecieron el 25 y el 30 por ciento ordenado, ni si las 32 academias certificadas ya existen.

Lo que un juez ve cuando falta gente

Yo vi, durante años, expedientes detenidos no por falta de ley, sino por falta de manos: un ministerio público que llevaba trescientos casos, una policía de investigación sin capacitación certificada, un peritaje que tardaba meses porque no había quién lo hiciera. Por eso estos porcentajes —25%, 30%— no son cifras administrativas para mí. Son la diferencia entre una víctima que recibe respuesta y una que espera.

Organizaciones civiles como Causa en Común han insistido en que el problema de fondo no es solo la violencia, sino instituciones que llevan años fallando en tareas básicas: formar, supervisar, evaluar, corregir y proteger a quienes integran los cuerpos de seguridad y justicia.³ No hay estrategia de seguridad que sobreviva a una fiscalía sin personal suficiente.

México no fracasa en seguridad porque “sea un país violento”, sino porque sus instituciones llevan años fallando en lo más básico: formar, supervisar, evaluar, corregir, proteger.

Causa en Común

Qué sigue

El calendario fijado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública ya venció en varios de sus tramos: el reclutamiento debía arrancar entre septiembre y diciembre de 2025, la capacitación de operadores del 911 y 089 debía estar lista desde febrero de 2026, y las academias certificadas debían sumar 32 para enero de este año.¹ Lo que corresponde ahora, desde una lógica de rendición de cuentas, es que cada entidad federativa informe públicamente si cumplió esos plazos, con cifras verificables de plazas ocupadas y academias certificadas, y que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública audite ese cumplimiento antes de que la conversación pública vuelva a centrarse solo en los operativos del día.