El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado, reconoció que la reforma al Poder Judicial y la elección de juzgadores de 2025 provocaron la pérdida de aproximadamente 60% del personal judicial especializado en materias civil y familiar, lo que —dijo— obliga a considerar un nuevo aplazamiento de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, prevista originalmente para el 1 de abril de 2027.
Qué dijo Corral
Durante la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión de Justicia del Senado y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Corral afirmó que la implementación gradual del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares enfrenta un obstáculo concreto: la renovación casi total de juzgadores locales dejó fuera a quienes ya habían sido capacitados en el nuevo modelo.1
El senador de Morena precisó que la salida de personal especializado representa "más o menos el 56 por ciento, casi el 60 por ciento" del total de juzgadores existentes en las entidades federativas antes de la elección judicial de 2025.2
La elección judicial del 25 nos ha hecho perder a casi el 60% de los juzgadores locales que ya estaban capacitados y formados en ese proceso.
Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia del Senado
El código en cuestión
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue publicado en junio de 2023 y abrogó el Código Federal de Procedimientos Civiles y los códigos procesales de cada estado, con el objetivo de unificar los procedimientos civiles y familiares en todo el país mediante un proceso gradual de implementación.3
Su entrada en vigor plena estaba prevista para el 1 de abril de 2027, pero Corral señaló que se contempla llevar su implementación hasta 2029, en un contexto en el que la siguiente etapa de renovación de los poderes judiciales locales también modificará sus tiempos.2
Lo que hay que saber
- Norma afectada
Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en junio de 2023.
- Fecha original
Su entrada en vigor plena estaba prevista para el 1 de abril de 2027.
- Nuevo plazo en análisis
Corral contempla extender la implementación hasta 2029.
- Causa señalada
La elección judicial de 2025 dejó fuera a cerca del 60% de los juzgadores capacitados en el nuevo modelo civil y familiar.
Por qué importa la especialización
El nuevo código implica una transición hacia la oralidad en los procesos civiles y familiares, un cambio que requiere formación técnica específica en materias que afectan directamente el patrimonio, la custodia de menores, las sucesiones y el cumplimiento de contratos de las personas.4
Corral explicó que, antes de la renovación judicial, se había invertido en preparar a jueces y magistrados para trabajar bajo ese modelo, inversión que —según su planteamiento— quedó en buena medida sin aprovecharse tras la salida masiva de esos perfiles.2
La propuesta para la siguiente elección
El senador planteó que el retraso en la entrada en vigor del código puede convertirse en una oportunidad para corregir uno de los efectos de la primera elección judicial: sustituir experiencia sin garantizar que quienes lleguen cuenten con la preparación necesaria.2
Propuso que los comités de evaluación encargados de revisar a los aspirantes en la próxima renovación judicial permitan avanzar únicamente a abogados que acrediten conocimientos y experiencia en la materia.2
"Si ya vimos que en la renovación de los poderes judiciales locales se fueron prácticamente todos los juzgadores que tenían experiencia, pues ahora pidamos que quienes van a concursar tengan por lo menos esa experiencia", dijo el legislador en entrevista con MVS Noticias.2
El debate de fondo
El reconocimiento de Corral —quien votó a favor de la reforma judicial de 2024 que estableció la elección por voto directo de jueces, magistrados y ministros— generó reacciones en redes sociales, donde se cuestionó que el propio legislador oficialista admitiera ahora las dificultades operativas derivadas del proceso que impulsó.5
A un año de la implementación de la reforma al Poder Judicial, especialistas y barras de abogados han señalado que la elección por voto popular debilita la carrera judicial y pone en riesgo la autonomía técnica frente a los poderes políticos, además de generar incertidumbre presupuestal y administrativa para los tribunales.6
Retrasar la entrada en vigor de los códigos nacionales no equivale, por sí mismo, a renunciar a modernizar la justicia; puede constituir una medida responsable si el tiempo adicional se destina a capacitar juzgadores, cubrir vacantes y adecuar tribunales, aunque también deja abierta la pregunta sobre si las reformas aprobadas de forma acelerada consideraron suficientemente estos costos de transición.4
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