La impartición de justicia en México pasa por un rediseño constitucional que arrancó el 15 de septiembre de 2024, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó al Poder Judicial de la Federación, y que fue precisado el 2 de junio de 2026 con un nuevo decreto que ajusta el calendario y las reglas de las elecciones judiciales. Entender qué órganos imparten justicia —desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los tribunales superiores estatales— y qué leyes rigen su funcionamiento es clave para que la ciudadanía sepa a quién acudir, qué garantías existen y qué cambió en el proceso de selección de juezas y jueces.
Qué órganos imparten justicia en México
En el ámbito federal, el Poder Judicial se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los tribunales colegiados y unitarios de circuito, y los juzgados de distrito, cuya organización y atribuciones detalla la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), un ordenamiento de 307 artículos que regula la estructura, la carrera judicial, la disciplina y los procedimientos de resolución de controversias.5
En cada entidad federativa existe además un Poder Judicial local. En la Ciudad de México, por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Judicial capitalina establece que el Tribunal Superior de Justicia funciona en Pleno y en Salas, y que el Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de la administración, vigilancia, evaluación, disciplina y servicio de carrera judicial.6 En estados como Jalisco, el Poder Judicial también cuenta con un Consejo de la Judicatura y con un Instituto de Justicia Alternativa, dedicado a mecanismos de solución de controversias distintos al litigio.7
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): máximo tribunal constitucional del país
- Tribunales colegiados y unitarios de circuito y juzgados de distrito (fuero federal)
- Tribunales Superiores de Justicia y juzgados locales en cada entidad (fuero común)
- Consejos de la Judicatura: administración, vigilancia y disciplina judicial
- Tribunales de Disciplina Judicial, de nueva creación tras la reforma de 2024
La reforma de 2024: elección popular de juezas y jueces
El cambio más profundo llegó con el decreto constitucional en materia de reforma del Poder Judicial, aprobado por la Cámara de Diputados el 4 de septiembre de 2024 con 357 votos a favor y 130 en contra, y por el Senado el 11 de septiembre del mismo año con 86 votos a favor y 41 en contra; fue promulgado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y entró en vigor el 16 de septiembre de 2024.3
La reforma sustituyó el criterio de mérito y carrera judicial por la elección directa: en vez del mérito, el criterio para seleccionar jueces será el voto popular.2 Esto significó crear también un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de vigilar la conducta de las personas juzgadoras electas.
Lo que hay que saber
- Origen de la reforma
Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024 y entró en vigor al día siguiente.
- Cambio central
Sustituyó el nombramiento por carrera judicial por la elección popular de juezas, jueces, magistrados y ministros.
- Nuevo órgano
Se creó el Tribunal de Disciplina Judicial para vigilar la actuación de las personas juzgadoras.
El ajuste de junio de 2026: se pospone la siguiente elección
El 2 de junio de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo decreto que reforma y adiciona disposiciones constitucionales en materia de reforma al Poder Judicial; no sustituye el modelo de 2024, sino que precisa cómo deberán organizarse las siguientes elecciones judiciales, en particular la de 2028.48
El cambio más relevante para el calendario institucional es que la reforma pospone de 2027 a 2028 la elección de los cargos judiciales federales y locales que no se hubieran renovado en la elección de 2025, y establece que la jornada judicial federal y local coincidirá el primer domingo de junio de 2028.8
El decreto también permite que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcione en Pleno y, con aprobación del propio Pleno, también en dos secciones, un cambio operativo pensado para agilizar la resolución de asuntos.8 En el ámbito local, la Constitución de la Ciudad de México fue modificada para depositar el ejercicio del Poder Judicial en el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial local y el órgano de administración judicial, garantizando la independencia de magistrados, magistradas, juezas y jueces en el ejercicio de sus funciones.4
Voces críticas: rezago, experiencia y resultados
A dos años del decreto original, el debate público se centra en si la reforma cumplió su promesa de acercar la justicia a la ciudadanía. La columnista María del Socorro López Villarreal planteó que la nueva Suprema Corte no debe evaluarse por discursos ni por el solo hecho de que sus integrantes hayan sido electos, sino por resultados.5
Desde el gremio de litigantes también hay señalamientos sobre la falta de experiencia judicial. El presidente del Consejo de Abogados, Sergio Delfino Vargas, afirmó que la impartición de justicia en México continúa siendo una asignatura pendiente, pues aunque la reforma judicial buscaba agilizar los procesos, en la práctica ha ocurrido lo contrario debido al rezago en los juicios.7 Vargas añadió que el 95 por ciento de las y los jueces y magistrados que llegaron al Poder Judicial carecen de la experiencia y especialización que antes otorgaba la carrera judicial.
Un análisis publicado por el Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN concluye, desde una perspectiva crítica, que la Reforma es abiertamente transgresora de la independencia del Poder Judicial y, por lo tanto, constituye un retroceso en la administración de justicia y la protección de los derechos humanos en México, según el estudio de Garduño.2
Muchos no los conocíamos como litigantes, pues no tenían carrera judicial, que era lo que los hacía excelentes jueces y magistrados
Sergio Delfino Vargas, presidente del Consejo de Abogados
Qué sigue
Con la elección judicial reprogramada, el foco institucional está en preparar el marco para la renovación total de los cargos pendientes en los poderes judiciales federal y locales hacia 2028, lo que incluye la forma en que se seleccionen candidaturas, se organicen boletas, se cubran vacantes y se evalúe a las nuevas personas juzgadoras.8
Para quienes litigan o dan seguimiento a procesos judiciales de largo plazo, especialistas recomiendan monitorear la integración de tribunales, las adscripciones y las reglas secundarias que se deriven de este ajuste, así como sus posibles efectos en los tiempos de resolución de los asuntos.8
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