Un año después de que el nuevo modelo de justicia entrara en funciones tras la elección popular de ministros, magistrados y jueces, el Poder Judicial de la Federación (PJF) enfrenta pendientes en pagos, estructura y funcionamiento, mientras la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) advierte fallas en la implementación de la reforma constitucional aprobada en 2024.1
Qué reporta la nueva Corte
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrada por ministras y ministros electos por voto popular, cumplió un año en funciones con un saldo de 2 mil 600 asuntos resueltos, de acuerdo con un recuento difundido por La Jornada Morelos.2
Entre los expedientes destrabados en sus primeros meses de trabajo destacan los de empresas de Ricardo Salinas Pliego, a las que la Corte confirmó créditos fiscales por más de 48 mil 326 millones de pesos.2 El tribunal también fijó criterios sobre lavado de dinero, abuso sexual infantil, empresas factureras, violencia vicaria y acceso al agua, aunque mantiene pendientes de fondo como la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa.
sumamente positivo
Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN
Los pendientes que señala JUFED
Pese al balance que la propia Corte describe como positivo, la implementación de la reforma judicial continúa generando fricciones. La JUFED, que agrupa a magistrados de circuito y jueces de distrito, sostiene que el Poder Judicial sigue enfrentando fallas de fondo que no han sido resueltas un año después de la entrada en vigor del nuevo modelo.1
La organización ha señalado que las autoridades han optado por corregir errores mediante ajustes legislativos parciales en lugar de atender el problema estructural que, a su juicio, originó la reforma.3 De acuerdo con JUFED, al cumplirse un año de la entrada en funciones del nuevo modelo, se registró la salida forzada de la primera mitad de las personas juzgadoras, expulsadas por el proceso derivado de la reforma.
Lo que hay que saber
- Origen de la reforma
La reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024.
- Elección histórica
En el proceso electoral judicial se eligió a 881 personas entre ministros, magistrados de circuito y jueces de distrito.
- Ajuste reciente
En mayo de 2026 el Congreso aprobó una reforma que aplazó las siguientes elecciones judiciales de 2027 a 2028.
- Balance de la Corte
La nueva Suprema Corte reporta 2,600 asuntos resueltos en su primer año de funciones.
El ajuste legislativo de mayo de 2026
En un procedimiento que organizaciones civiles calificaron de acelerado, el Congreso de la Unión aprobó el 28 de mayo de 2026 una reforma constitucional que modificó las reglas de las elecciones judiciales, tanto a nivel federal como local.4 La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) señaló que el proceso se caracterizó por la prisa y la falta de apertura hacia la sociedad civil y especialistas.
El cambio central de esa reforma fue posponer la siguiente elección judicial de 2027 a 2028, con el objetivo de que no coincida con otros procesos electorales.4 MUCD calificó esta medida como positiva pero insuficiente, pues consideró que dejó intacta la coincidencia de futuras elecciones judiciales con otros comicios y que persisten aspectos que, a su juicio, no garantizan el acceso a la justicia ni protegen derechos humanos.
Qué sigue
Con la reforma ya consolidada y la nueva integración del Poder Judicial operando desde septiembre de 2025, el debate se ha desplazado de la discusión sobre la legitimidad del mecanismo de elección hacia su funcionamiento cotidiano: pagos pendientes al personal judicial, la estructura administrativa del nuevo modelo y la capacidad de los órganos jurisdiccionales para abatir el rezago de expedientes.1
La agenda legislativa continúa abierta. La Consejería Jurídica de la Presidencia ha enviado a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados propuestas de nuevas reformas secundarias en materia judicial, entre ellas el rediseño de comités de evaluación y ajustes a plazos electorales, así como la creación de una Comisión Coordinadora para unificar metodologías y criterios entre los distintos comités.3
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