A dos años de la aprobación constitucional de la reforma al Poder Judicial y a un año de la creación del Órgano de Administración Judicial (OAJ), el proceso de transformación del sistema de justicia mexicano atraviesa una etapa de implementación marcada por señales encontradas: mientras el gobierno federal celebra el avance institucional, el sector empresarial advierte efectos negativos en la certeza jurídica y en las decisiones de inversión.
Qué cambió y cuándo
La reforma constitucional al Poder Judicial fue firmada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador el 15 de septiembre de 2024, tras ser aprobada por la Cámara de Diputados con 357 votos a favor y 130 en contra, y por el Senado con 86 votos a favor y 41 en contra, estos últimos con el apoyo determinante del entonces senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez para alcanzar la mayoría calificada.1
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó en noviembre de 2024 un proyecto del ministro Luis González Alcántara Carrancá que buscaba invalidar parcialmente la reforma: la propuesta obtuvo seis votos de respaldo, uno menos de los ocho necesarios para la mayoría calificada que exige una acción de inconstitucionalidad.2
En mayo de 2026, con el respaldo de Morena y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó una segunda ronda de ajustes a la reforma —descrita por el académico de la UNAM Javier Contreras como "la reforma de la reforma de la reforma"— que reprogramó para 2028 la segunda elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular.3 Esa modificación constitucional fue declarada válida el 1 de junio de 2026 por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, tras recibir el aval de 25 congresos estatales; entre otros puntos, recuperó las salas de la SCJN —ahora llamadas "secciones"— y permitió la reelección por cinco años más de cuatro magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral.4
El Órgano de Administración Judicial cumple un año
El 2 de octubre de 2026 se conmemoró el primer aniversario del Órgano de Administración Judicial (OAJ), la instancia creada por la reforma de 2024 para sustituir el esquema previo de administración y vigilancia del Poder Judicial de la Federación.5 La Lotería Nacional develó un billete especial para la fecha, en un gesto simbólico del gobierno federal para marcar el avance de la implementación institucional.
Las empresas reportan incertidumbre
En paralelo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) publicó el 1 de octubre de 2026 un análisis de su Encuesta Data Coparmex, realizada entre 3,721 empresas afiliadas a sus 71 centros, que encontró que 67.8% de las compañías percibe efectos negativos de la reforma judicial en sus decisiones de inversión o expansión, frente a solo 3.6% que identifica efectos positivos; además, 28.8% de las empresas consultadas reportó haber reducido o pospuesto proyectos de inversión.6
El organismo empresarial detalló que 55.9% de las compañías considera que disminuyó la certidumbre respecto a la protección de la propiedad, el cumplimiento de contratos y el acceso al juicio de amparo, frente a apenas 3.3% que percibe una mejora en esos rubros.7
garantice efectivamente certeza jurídica, independencia en sus resoluciones y confianza para los ciudadanos, las empresas y las inversiones
Coparmex, en su comunicado sobre la Encuesta Data Coparmex
Lo que hay que saber
- Origen de la reforma
Fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador y aprobada en la recta final de su gobierno y al inicio del de Claudia Sheinbaum.[^8]
- Próxima elección judicial
La siguiente jornada de voto popular para jueces, magistrados y ministros fue reprogramada para 2028.[^3]
- Nuevo órgano
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) sustituyó el esquema previo de administración y vigilancia del Poder Judicial federal.[^5]
- Percepción empresarial
67.8% de 3,721 empresas encuestadas por Coparmex reporta efectos negativos en sus decisiones de inversión.[^6]
Qué sigue
Coparmex pidió abrir una agenda técnica de seguimiento y diálogo con el nuevo Poder Judicial, cuyo desempeño —señaló el organismo— solo podrá considerarse exitoso en la medida en que garantice certeza jurídica e independencia en sus resoluciones.7
Con la validación constitucional de junio de 2026 ya consumada, el calendario institucional apunta ahora a la implementación de las reglas de operación del OAJ y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como a la preparación del proceso electoral judicial de 2028, mientras persisten posturas divididas entre el gobierno federal y el sector empresarial sobre el impacto real de la reforma en el funcionamiento cotidiano de los tribunales.
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