A más de año y medio de que entrara en vigor la reforma constitucional que eliminó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el nuevo modelo de transparencia en México opera de forma fragmentada, con una caída documentada en las solicitudes ciudadanas de información y sin un órgano autónomo que sancione a las dependencias que se nieguen a transparentar datos.
Qué cambió con la desaparición del INAI
La reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, entró en vigor el 20 de diciembre de 2024 y eliminó al INAI junto con otros organismos autónomos del país.5
Con la extinción del instituto, la tutela del acceso a la información pública y la protección de datos personales quedó bajo la responsabilidad de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno (SABG), mientras que la administración de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que aloja alrededor de 14 millones de registros, pasó a definirse mediante mesas de trabajo de transición.5
El 20 de marzo de 2025 se emitió una nueva ley que sustituyó a la abrogada Ley General de Transparencia y dio origen al Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, la instancia que hoy coordina el modelo sucesor.6
Lo que hay que saber
- Fecha de extinción
El INAI dejó de operar tras la reforma que entró en vigor el 20 de diciembre de 2024.
- Nuevo responsable
La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno asumió las funciones en materia de acceso a la información y datos personales.
- Presupuesto
El programa Transparencia para el Pueblo tiene asignados 25 millones de pesos, apenas 2.33% del monto que tenía el INAI en 2024.
Caída en las solicitudes de información
Los datos disponibles en la propia Plataforma Nacional de Transparencia muestran un descenso significativo en el uso del mecanismo por parte de la ciudadanía. Las solicitudes de información cayeron 27% entre 2024 y 2025, después de varios años consecutivos con más de un millón de peticiones anuales registradas en el sistema.4
De acuerdo con esos registros, en 2024 se presentaron un millón 16 mil 82 solicitudes de información; para 2025 la cifra bajó a 797 mil 22.4 Especialistas atribuyen parte de esta reducción a fallas técnicas y a la falta de actualización de la plataforma, que provocaron que muchas solicitudes no pudieran completarse porque la página no funcionaba o los datos requeridos no estaban disponibles.1
Riesgos señalados por especialistas
Organizaciones y analistas advierten que la fragmentación del sistema debilitó la capacidad institucional para obligar a las autoridades a transparentar información en temas sensibles. Sin un criterio homogéneo entre entidades, el acceso a datos sobre corrupción, megaproyectos, seguridad y personas desaparecidas depende cada vez más de la voluntad de los propios gobiernos, según especialistas consultados por La Silla Rota.4
En 2024, último año completo de operaciones del INAI, el instituto emitió 6 mil 671 respuestas que clasificaron información como reservada o confidencial, total o parcialmente; el Servicio de Administración Tributaria concentró el mayor número de estas negativas, con 882 casos.4
Sobre todo los temas más graves, el huachicol fiscal, las desapariciones, no podemos tener datos sobre las desapariciones, porque quien controla la definición de la información pública, pues es el propio gobierno.
Especialista citada por La Silla Rota
La respuesta del gobierno federal
El 4 de agosto de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para fortalecer la transparencia de las entidades del gobierno federal, en un intento por responder a las críticas por la desaparición del órgano garante.2 Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que la obligación de transparencia "está en la Constitución, está en los lineamientos, pero vamos a ser todavía más transparentes", y la calificó como "la garantía de la transparencia de la información del Gobierno de México".
El nuevo marco ordena la publicación mensual de información sobre entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de imponer la obligación de difundir contratos, auditorías y observaciones de los órganos de control.1
Pese a este decreto, especialistas cuestionan quién vigilará el cumplimiento de estas nuevas reglas sin un regulador autónomo, y señalan que la propia Plataforma Nacional de Transparencia dejó de publicar información con la periodicidad habitual tras la eliminación del INAI, lo que generó desencanto entre la ciudadanía.1
Un modelo local aún incompleto
A nivel estatal, la transición tampoco se ha completado. A más de un año de la desaparición del INAI, la mayoría de las entidades del país no ha terminado de asumir plenamente las funciones que antes correspondían a los órganos garantes locales, de acuerdo con un reporte de Reforma.3
En paralelo, un análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que el Sistema Nacional de Transparencia que sustituyó al modelo anterior no ha logrado alcanzar las metas previstas en la reforma que lo originó, un año después de su entrada en operación.6
Comentarios